Tras la convocatoria piloto realizada en 2018, los rectores creen que “el sistema universitario sigue esperando la institucionalización de un mecanismo regular de evaluación y reconocimiento de la actividad de transferencia del conocimiento".

Consideran que al igual que la creación del sexenio de investigación llevó a España “a ocupar puestos de relevancia en la producción científica mundial”, tienen “la seguridad” que este instrumento podrá actuar “como incentivo” y “orientar” el comportamiento del personal investigador “hacia la mejora de los indicadores de transferencia”.

“Esta dimensión, clave en la interacción entre ciencia y sociedad, requiere estabilidad normativa y compromiso institucional”, aseguró CRUE en un comunicado con motivo de las recientes XXXI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas en Vigo.

Los rectores recordaron que las universidades representan el 75% de la investigación en España y también trasladaron su preocupación por el futuro de la financiación pública de la I+D+i, pues consideran que “la inversión en ciencia no debe depender exclusivamente de fondos europeos” y que es “una responsabilidad estructural del Estado y comunidades autónomas”.

Asimismo, CRUE insistió en la “necesidad inaplazable de desburocratización”, una política científica “coordinada, transparente y estable, que tenga en cuenta la voz de las universidades como actores principales del sistema de ciencia y tecnología”.