Así lo manifestó CRUE en un reciente comunicado tras la entrada en vigor de la cotización a la Seguridad Social de las prácticas curriculares.

Los rectores también manifestaron su "sorpresa", al ver "el alto grado de improvisación y confusión con el que esta medida se está implementado". "En todo este proceso las universidades no hemos sido consultadas ni informadas por los cauces normales de una relación leal entre instituciones", remarcaron.

En el escrito, CRUE subraya que "a pesar" de que la normativa "atribuye principalmente la responsabilidad de gestionar y pagar estas cotizaciones a las entidades receptoras del estudiantado en prácticas, tanto las empresas como las administraciones públicas se han desentendido de esta obligación y han sido las universidades las que hemos tenido que asumir estas tareas. En el caso de las empresas, más de un 98% han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa".

"Resulta especialmente sorprendente que hayan sido los propios ministerios dependientes del Gobierno que ha generado esta regulación y muchos organismos autonómicos los que hayan eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones", según establece la norma, añadieron.

"Las universidades, a pesar de sus muchas dificultades financieras, han asumido el coste de estas cotizaciones (unos 9 millones de euros anuales siempre que se mantenga la bonificación) y, sobre todo, el enorme esfuerzo de gestión administrativa que representan las 400.000 prácticas estimadas y que nos está obligando a incrementar nuestras plantillas de personal técnico, de gestión, administración y servicios, a adquirir plataformas digitales y a formar a nuestro personal", expuso CRUE.