“Sus realidades están vinculadas a las drogodependencias y, por ello, la red reivindica políticas de justicia restaurativa y medidas alternativas a la prisión para no agravar la situación de fragilidad social que ya padecen”, según señaló un comunicado de UNAD.

Las estadísticas muestran que estas personas cumplen condena principalmente por "delitos contra el patrimonio" en más de la mitad de los casos, o por "pequeños trapicheos con drogas ilegales en más del 20% del total”.

Alrededor del 90% de las personas privadas de libertad proceden de entornos de exclusión y pobreza, carecen de estudios primarios y de formación. Casi el 80% tiene problemas de drogodependencias y más del 40% acusa problemas de salud mental.

Además, la Red de Atención a Adicciones recordó quiénes son las personas con problemas de adicciones más vulnerables: “Los prejuicios recaen especialmente en las mujeres con problemas de adicciones que tardan mucho más tiempo que los hombres en pedir ayuda”.