Durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial (Madrid), concretamente en el titulado ‘Violencia digital contra las mujeres’, Redondo afirmó que la violencia digital “no es una violencia de segunda”.

Afirmó que este tipo de violencia reproduce las conductas de dominación y discriminación contra las mujeres presentes fuera de internet y las amplifica al mantenerse activa las 24 horas del día y difundirse sin límites geográficos. Destacó que este comportamiento se ejerce de forma permanente, alcanza una difusión global y puede causar un impacto especialmente grave sobre las víctimas.

La ministra señaló que este tipo de violencia afecta especialmente a mujeres con proyección pública, como responsables políticas o profesionales de los medios de comunicación. Asimismo, advirtió de que constituye una amenaza para la participación de las mujeres en la vida pública.

NUEVOS FRENTES DE RIESGO

Asimismo, mostró su preocupación por el acceso de menores y adolescentes a contenidos pornográficos violentos y machistas, al considerar que están influyendo en la forma en que muchos jóvenes conciben las relaciones afectivo-sexuales. En este sentido, defendió reforzar la educación en esta materia y recordó que tanto la UE como el Parlamento español trabajan en iniciativas para limitar el acceso de los menores a este tipo de contenidos.

Redondo también relacionó determinadas plataformas de contenido para adultos con la captación de mujeres para la prostitución y reiteró el compromiso del Gobierno con la abolición de esta práctica, que definió como “la esclavitud del siglo XXI”. Añadió que el Ejecutivo impulsa iniciativas legislativas para avanzar en este objetivo.

Durante su intervención, la ministra enmarcó estas medidas en la estrategia del Gobierno contra la violencia machista y recordó que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género incorpora por primera vez la violencia digital y la violencia económica entre las formas de violencia que requieren una respuesta específica.

Por último, defendió que las políticas públicas deben basarse en la evidencia científica y el conocimiento de especialistas para responder de forma eficaz a las nuevas manifestaciones de la violencia contra las mujeres.