Redondo reclamó que el protocolo sea revisado para “restituir expresamente a las mujeres víctimas de violencia de género su consideración como colectivo prioritario y de especial protección”, después de que el nuevo texto haya eliminado la referencia específica a estas mujeres y la haya sustituido por la categoría genérica de víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar.

Para la ministra, la modificación “no puede considerarse una cuestión meramente terminológica”. En su carta al alcalde de Valladolid, advirtió de que “no estamos ante un simple cambio de denominación”, sino ante una decisión “que puede afectar al ejercicio efectivo de sus derechos” y que podría “generar una situación de indefensión para las mujeres víctimas de violencia de género en Valladolid”.

Redondo recordó que tanto la legislación estatal como la normativa de Castilla y León reconocen específicamente a las víctimas de violencia de género como un colectivo prioritario y de especial protección en el acceso a la vivienda pública. Por ello, consideró que “ampliar la protección a otras víctimas de violencia es legítimo y puede ser conveniente”, pero subrayó que “lo que no resulta admisible es que esa ampliación se produzca borrando la protección específica que las leyes reconocen a las mujeres víctimas de violencia de género”.

La titular de Igualdad incidió además en la importancia de la vivienda para las mujeres que intentan salir de una situación de violencia. “La vivienda constituye uno de los instrumentos fundamentales para que una mujer pueda romper con su agresor, recuperar su autonomía y construir una vida libre de violencia”, señaló, antes de alertar de que “introducir obstáculos o rebajar la prioridad que estas mujeres tienen reconocida legalmente puede incrementar su vulnerabilidad y dificultar gravemente su salida de una situación de violencia”.

En este sentido, Redondo expresó su preocupación por que una administración pública adopte decisiones que “lejos de reforzar los derechos conquistados frente a la violencia machista, puedan suponer un retroceso en su reconocimiento y protección”.

NO DEPENDER DEL CÓDIGO POSTAL

En la carta remitida a la Junta de Castilla y León, la ministra consideró “especialmente necesaria” la actuación de la administración autonómica y sostuvo que, dentro de sus competencias en materia de igualdad, vivienda y protección de las mujeres, debe velar por que estos derechos puedan ejercerse “en condiciones de igualdad y con independencia del municipio en el que residan”.

“Los derechos de una mujer víctima de violencia de género no pueden depender de su código postal”, afirmó Redondo, quien consideró que “no sería comprensible” que una mujer residente en Valladolid pudiera contar con “una protección menor en el acceso a una vivienda pública que otra mujer en idéntica situación residente en cualquier otro municipio de Castilla y León”.

Por ello, solicitó a la Junta que impulse “las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente” y para que el protocolo municipal sea revisado.

La ministra vinculó además esta situación con el “profundo rechazo” que, según señaló, la decisión está provocando entre las organizaciones de mujeres de Valladolid. Redondo recogió las advertencias de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, que reclamó la rectificación inmediata del protocolo, estudia una posible impugnación judicial y se plantea convocar movilizaciones.

La plataforma, recordó la ministra, advirtió de que Valladolid “no puede convertirse en un ‘laboratorio de involución’ de los derechos de las mujeres” y defendió que eliminar la referencia a las víctimas de violencia de género “no supone únicamente un cambio de lenguaje, sino también de prioridades”.

“Es un clamor que las instituciones no deberíamos ignorar”, sostuvo Redondo, quien reivindicó el papel desempeñado por las asociaciones de mujeres durante “décadas” en la “conquista, defensa y aplicación efectiva de los derechos frente a la violencia machista”.

La ministra consideró que, cuando estas organizaciones alertan de que una decisión administrativa puede suponer “un retroceso en la protección de las víctimas”, la obligación de las instituciones es “escuchar, analizar sus consecuencias y actuar para garantizar esos derechos”.

RECTIFICACIÓN INMEDIATA

En su escrito dirigido al Carnero, Redondo solicitó directamente que el Ayuntamiento de Valladolid “revise de manera inmediata este protocolo” y recupere de forma expresa la consideración de las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo prioritario y de especial protección.

“Desde el Ministerio de Igualdad siempre encontrará disposición al diálogo y a la colaboración institucional para mejorar la protección de las mujeres”, aseguró la ministra, aunque añadió que también encontrará “la firmeza necesaria cuando estén en juego derechos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce específicamente a las víctimas de violencia de género”.

Finalmente, Redondo apeló al renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, a su juicio, “nos obliga a todas las administraciones públicas a avanzar en la misma dirección: reforzar la prevención, la protección y los derechos de las víctimas”.

“No podemos permitir retrocesos ni situaciones en las que esos derechos dependan de decisiones municipales que rebajen los estándares de protección establecidos por nuestras leyes”, concluyó la ministra, que confía en que tanto el Ayuntamiento como la Junta actúen para garantizar que “ninguna mujer víctima de violencia de género vea disminuidos sus derechos en función del municipio en el que viva”.