Así respondió en la sesión de control al Gobierno en el Senado a una pregunta formulada por la senadora del PNV María Dolores Etxano sobre las medidas impulsadas por el Ministerio de Juventud e Infancia para garantizar el cumplimiento de las previsiones de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi) relativas a la atención especializada a menores víctimas de violencia en el ámbito judicial.

Durante su intervención, Rego afirmó que la protección de la infancia “tiene que ser una garantía real y una garantía efectiva en cada juzgado, en cada servicio público y en cada territorio” y reconoció que, aunque se han producido avances, todavía queda trabajo por hacer.

En este sentido, recordó que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia habilita la creación de secciones especializadas y señaló que ahora corresponde también al Consejo General del Poder Judicial poner en marcha más unidades de este tipo, una medida que el Ejecutivo respalda, según explicó la titular de Juventud e Infancia.

Asimismo, destacó el desarrollo de las denominadas 'casas Barnahus', espacios destinados a evitar la revictimización de menores víctimas de violencia, y explicó que actualmente existen 18 centros de este tipo en España, uno de ellos en Euskadi. Según indicó, este modelo permite cambiar la lógica de actuación porque “no es la infancia la que se adapta al sistema judicial, sino que es el sistema el que debe adaptarse a la infancia”.

La ministra defendió además la reforma de la Lopivi y destacó medidas como garantizar el derecho a ser escuchados de todos los niños y niñas con independencia de su edad, establecer un plan de formación integral para los profesionales que trabajan con menores y prohibir expresamente el denominado síndrome de alienación parental (SAP).

Además, sostuvo que “un maltratador no puede ser un buen padre” y recalcó que proteger a la infancia no significa obligarla a convivir con quien ha ejercido violencia contra ella o contra su madre, sino “escuchar, investigar y garantizar que ningún vínculo formal se imponga por encima de la seguridad de un niño o de una niña”.

Por su parte, la senadora del PNV María Dolores Etxano defendió que la infancia debe situarse “en el centro de la agenda política como sujetos de derechos que son” y aseguró que esa realidad obliga a actuar al conjunto de los poderes públicos. Además, consideró que “nos irá mejor si cada uno lo hacemos en el ámbito de nuestras competencias” y añadió que, de ese modo, será posible alcanzar puntos de encuentro.