Según informó el Ministerio, tras reunirse con la presidenta de Baleares, Marga Prohens, la ministra subrayó que se trata de un sistema que garantiza tanto los derechos de la infancia como la sostenibilidad de los servicios públicos, y explicó que el diseño del sistema permite adaptarse a la realidad de cada territorio, evitando tensionar comunidades con mayor presión migratoria, como Baleares, donde solo han sido trasladados cuatro menores.

Asimismo, Rego enmarcó esta política en una “mirada de país”, basada en la corresponsabilidad institucional, y recordó que el Gobierno ha destinado 7,8 millones de euros para apoyar la acogida en el archipiélago.

En relación con las demandas del Ejecutivo autonómico, la titular de Juventud e Infancia rechazó la posibilidad de declarar una contingencia preventiva, al señalar que el Real Decreto no contempla medidas “a la carta”, sino que se activa mediante indicadores objetivos comunes para todo el territorio. En este sentido, defendió la necesidad de criterios homogéneos para garantizar la igualdad en el acceso a derechos, e insistió en la importancia de la coordinación entre administraciones.

Por último, la ministra reiteró que cualquier actuación en materia de menores migrantes debe ajustarse al derecho internacional y situar en el centro el interés superior del menor: “No consentimos diferencias entre niños y niñas por su origen”, sentenció.