Fuentes de Juventud e Infancia indicaron que la titular del departamento remitió un escrito a la Fiscalía de Menores para “que investigue si los derechos fundamentales de los niños afectados por el desahucio ejecutado hoy en Moratalaz por la Comunidad de Madrid han sido vulnerados”.

Según el escrito, a juicio del ministerio, la actuación llevada a cabo hoy "socava derechos fundamentales y genera la desprotección de las personas menores de edad de la familia afectada" como consecuencia "del desalojo forzoso de su vivienda, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de la persona menor de edad con discapacidad".

La ministra Rego recordó que el Comité de Derechos del Niño había solicitado la adopción de medidas que evitasen daños irreparables a la familia, suspendiendo el desalojo de la vivienda o bien, otorgando una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades y desplegando medidas que asegurasen la protección efectiva de las personas menores.

Asimismo, desde el ministerio apuntaron que Rego recordó que el auto que ordenaba el desahucio obligaba a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a coordinar su actuación con los Servicios Sociales municipales y adoptar las medidas de protección que fueran precisas para garantizar el amparo de las personas menores de edad afectadas.

EL INTERÉS DEL MENOR

“Sin embargo, las opciones ofrecidas a la familia no cumplían estos requisitos”, por lo que se generó "una situación de especial vulnerabilidad y riesgo". En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia señaló que "no se ha atendido al interés superior del menor" y destaca el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de protección a la infancia y la adolescencia.

Ante todo esto, la ministra solicitó al Ministerio Fiscal una investigación y que despliegue "las medidas necesarias que aseguren su plena protección".

La ministra Rego, que acudió al lugar del desahucio para tratar de mediar con la Comunidad de Madrid, señaló que el desahucio ejecutado este miércoles "podría y debería haberse suspendido hasta que los derechos de estas personas menores de edad estuviesen plenamente garantizados tal y como exigía el Comité de Derechos del Niño". No ha sido así, según Rego, "no por incapacidad, sino por una falta de voluntad política por parte del Gobierno de Ayuso".

Para concluir, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia indicaron que, en esta línea, la ministra señaló la “insensibilidad de Ayuso y el sufrimiento que están provocando las políticas del PP en la infancia más vulnerable".