Durante la presentación del informe 'Desconexión y futuro: una juventud atrapada', elaborado por Ayuda en Acción, Rego señaló que “la precariedad juvenil debe abordarse como un problema estructural y no como una situación coyuntural”. En esta línea, la ministra Rego aseguró que el informe desmonta el relato de una juventud apática y sostuvo que las personas jóvenes "dicen sí a la política y no al politiqueo".

El informe apunta que ocho de cada diez jóvenes en situación de vulnerabilidad consideran que deberían participar activamente en el diseño de las políticas que les afectan, una conclusión que, a su juicio, desmonta la imagen de una juventud desinteresada por la política.

La investigación señala que la desconexión política no nace de la apatía, sino de una acumulación de obstáculos que atraviesan la vida cotidiana de las personas jóvenes. El 74% de las personas encuestadas afirmó haber trabajado alguna vez sin contrato; el 37% permaneció entre cinco y diez meses en situación de desempleo y el 18% lleva más de un año fuera del mercado laboral formal. Asimismo, el 21% trabaja actualmente sin contrato ni cotización.

A juicio de la ministra, “existe un interés evidente por cuestiones como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la crisis climática, la salud mental o los derechos humanos, mientras que el distanciamiento se produce respecto a una política centrada en la confrontación partidista y alejada de los problemas cotidianos”. Asimismo, la ministra defendió que “responder a esta realidad exige ir más allá de las políticas de adaptación individual y actuar sobre las causas que generan desigualdad”.

En este sentido, Rego destacó avances como la reforma laboral, la subida del salario mínimo o el fortalecimiento del sistema de becas, aunque advirtió de que buena parte de esos progresos están siendo neutralizados por la crisis de acceso a la vivienda.

Durante su intervención, la ministra Rego alertó de que “una generación que trabaja sin poder emanciparse, estudia sin alcanzar estabilidad y percibe que las decisiones que condicionan su futuro escapan a su control, corre el riesgo de quedar progresivamente excluida de la vida democrática”. En esta línea, la titular de Juventud e Infancia subrayó que “participar requiere tiempo, seguridad, información y recursos, por lo que una democracia que no garantice esas condiciones termina escuchando siempre a los mismos y alimentando el desencanto social”.

Entre sus propuestas, la ministra remarcó la necesidad de “reforzar la universalidad de los derechos sociales y superar un modelo que obliga a demostrar constantemente la vulnerabilidad para acceder a las ayudas públicas”. En ese marco, señaló la Prestación Universal por Crianza como ejemplo de una política orientada a construir derechos comunes desde el inicio de la vida y ha defendido que “el empleo, la vivienda, la salud mental, el ocio y la participación deben abordarse como elementos inseparables de una misma estrategia para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas jóvenes”.