Así lo explicó este martes el Movimiento Regularización Ya a través de un comunicado en el que explicó las principales medidas incluidas en el texto definitivo del real decreto de este procedimiento que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros y las que no han sido aceptadas por el Gobierno.

Para la acreditación de antecedentes penales por parte de los solicitantes, el proceso lo endurece porque se elimina la figura de la declaración responsable, pero se mantiene la posibilidad de que, si el solicitante acredita que no ha recibido contestación por el país tercero, será directamente el Gobierno el que lo solicite.

Habrá la posibilidad de prorrogar esta medida durante cuatro años sin requisitos adicionales en casos especiales (personas en edad de jubilación, personas con enfermedad grave o discapacidad y familiares de estos, cuando se trate de cónyuge o descendientes de primer grado).

Asimismo, los solicitantes tendrán autorización provisional de trabajo desde la admisión a trámite, y habrá compatibilidad temporal entre la solicitud de regularización y la Protección Internacional (asilo). También se flexibilizan los medios para acreditar la permanencia en España, en concreto, no se podrá exigir el padrón como único medio de prueba para acreditarla ni tampoco para acreditar la residencia en el momento de la toma de huellas.

Se establecen vías alternativas a la oferta de empleo y se facilitan los requisitos para la regularización de menores acompañados. Además, las solicitudes ya en trámite por circunstancias excepcionales se resolverán favorablemente si cumplen los requisitos, sin nuevos trámites.

El Movimiento Regularización Ya valoró especialmente que el proceso beneficie a personas que hayan entrado en España antes del 1 de enero de 2026, exigiendo solo cinco meses de estancia, frente a los dos años habituales en otros procedimientos.

No obstante, la organización expresó su desacuerdo con varias exclusiones del texto final, como la exclusión del proceso de las personas solicitantes de apatridia, la exigencia de certificados de vulnerabilidad -aunque se haya simplificado el trámite- y las limitaciones a la compatibilidad plena con el asilo tras la concesión. Al mismo tiempo, lamentó que no se haya ampliado la vigencia de la regularización hasta finales de 2026, decisión que atribuyen al contexto del Pacto Europeo de Migración y Asilo.