Así lo trasladaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de la propia operadora, que indicaron que lo aprobado en el Congreso se puede incumplir al tratarse de servicios comerciales y no de servicios públicos, y más teniendo en cuenta que se trata de un mercado liberalizado, lo que dejaría a Renfe en inferioridad.

Por ello, denunciaron que la enmienda “en realidad, es una operación demagógica de los que la han propuesto y no va a tener de facto impacto sobre los usuarios. Es un brindis al sol populista”.

También criticaron que “el PP solo quiera penalizar a Renfe, empresa española y pública, y no 'tocar' a las empresas como Ouigo e Iryo”. “Quiere penalizar a la empresa pública que ofrece servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España”, lamentaron.

“Realizar esa petición a una única empresa, en un régimen de competencia como el de los servicios comerciales, es condenar a la empresa (pública y española) y a los trabajadores públicos a competir en clara desventaja”, concluyeron.

De hecho, añadieron que “si realmente queremos hacer esto de forma seria que el Congreso regule para que todos los operadores tengan la obligación de devolver el dinero cuando hay retrasos de menos de 60 minutos”, aunque advirtieron de que dicha medida podría ocasionar una subida de precios para pagar las multas.

Por último, recordaron que fue el PP el que en 2016 eliminó el compromiso de devolver el importe del billete a los pasajeros del AVE Madrid-Sevilla que sufrieran un retraso de cinco minutos, con el propósito de homogeneizar los compromisos de puntualidad entonces vigentes.

En cuanto a la enmienda para mantener el mapa concesional de los servicios de autobús, las fuentes ministeriales explicaron que Transportes seguirá la línea que ya estaba trabajando e implementará aquellas alternativas que sean necesarias conforme a la Ley para poder ajustar el futuro mapa.

Por último, destacaron que es ”una buena ley la que hoy se aprueba. La ciudadanía ve reconocido un derecho básico, el derecho a la movilidad. Ganarán en calidad de vida. Frustrar este avance hubiera significado abandonar a las personas menos favorecidas y a las zonas afectadas por procesos de despoblación”.

“Ganan los trabajadores y trabajadoras que se benefician de los planes de movilidad sostenible que habrán de implantar las empresas de más de 200 empleados. Y gana el país en su conjunto, que se asegura una partida cercana a los 10.000 millones de los fondos europeos que están supeditados a la aprobación de esta norma”.