Según informó Renfe, esta operación tiene como fin reforzar la estrategia de modernización y optimización de espacios corporativos de la compañía. Además, responde a la necesidad de ofrecer a los profesionales de Renfe un entorno de trabajo adaptado a la nueva etapa de crecimiento de la empresa.

El traslado permitirá concentrar servicios, favorecer la colaboración entre equipos y elevar la calidad de la experiencia de empleado en términos de confort, una medida que se compagina con la llegada anual de más de mil nuevos profesionales cada año y con una renovación global de recursos.

En concreto, el Edificio Faro permitirá dar respuesta a las necesidades de reubicación de personal y atender a los requisitos de espacio en los edificios propios de la Avenida Ciudad de Barcelona y del Paseo de las Delicias, insuficientes para poder albergar a los trabajadores y el centro de formación tras el desalojo de las oficinas de Chamartín, conocidas como “Las Caracolas”, que forman parte del desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

La adquisición del Edificio Faro surge como la opción más favorable, tanto por su impacto económico como por el valor estratégico que aporta a Renfe, que en términos generales dispone de un patrimonio inmobiliario limitado.

De hecho, Renfe estima que el gasto acumulado en alquileres en Madrid necesarios para reubicar a la organización, tomando como referencia un horizonte de 50 años (habitual en una inversión inmobiliaria), ascendería a 230 millones de euros.

Por ello, la adquisición del Edificio Faro por 109 millones de euros supone unos ahorros en concepto de amortización de más de 100 millones de euros.

El proceso arrancó el pasado mes de junio, cuando la sociedad propietaria del inmueble, Jaesure, filial de Ardian, invitó a Renfe a presentar una oferta por el edificio. Tras varias fases de análisis, Renfe presentó una oferta no vinculante el pasado 18 de julio, para evaluar las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del activo.

Asimismo, la compañía elevó el expediente patrimonial y la solicitud de autorización a la Dirección General del Patrimonio del Estado, requisito indispensable para cualquier adquisición por parte de una entidad pública. Finalmente, y tras la autorización de la Dirección General de Patrimonio del Estado, Renfe remitió la oferta vinculante al vendedor.

En conclusión, la operación se justifica por la especial idoneidad del inmueble, su ubicación estratégica, la escasa oferta de edificios similares en el mercado y los compromisos de reubicación de personal de las oficinas de Chamartín.