Los hechos ocurrieron en Miranda del Ebro en enero de 1991. El Supremo reconoce que el joven fue un imprudente al decidir caminar por un lugar destinado "exclusivamente" a personal ferroviario, cuando disponía "de medios iarios más seguros" para llegar a su destino habitual, el colegio, como podía ser un paso subterráneo que había cerca de la zona.

Para el Alto Tribunal, el hecho de que el joven cometiese una imprudencia al caminar por un lugar indebido, no exime a Renfe de la obligación de inemnizarle, puesto que la compañía ferroviaria cometió una negligencia al no vallar el lugar.

En consecuencia, el Supremo estima que la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos es correcta y la indemnización, "equitativ" a la responsabilidad de cada una de las partes en los hechos.