Renfe señaló en un comunicado que estudiará las resoluciones adoptadas y procederá a retrotraer las actuaciones al momento procesal que determine el Tribunal, para revisar y modificar los aspectos del pliego que resulten necesarios.

La compañía reiteró que “no renuncia a la creación de la sociedad participada” y defendió que se trata “de una herramienta estratégica para reforzar la atención a los viajeros” en situaciones de incidencia ferroviaria u obras en la red, mejorar la capacidad de respuesta, y optimizar los recursos destinados a los planes alternativos de transporte.

Renfe aclaró que esta sociedad participada no tiene por objetivo competir con el sector del autobús, sino garantizar una capacidad de respuesta suficiente cuando el sistema ferroviario se vea interrumpido. Además, incidió en que es la única operadora que garantiza la movilidad de la ciudadanía cuando se da esta circunstancia.

La compañía señaló que el sistema actual, basado en contrataciones puntuales y de urgencia, resulta insuficiente para atender las necesidades actuales derivadas fundamentalmente de obras ferroviarias de gran magnitud.

Renfe estimó que la nueva sociedad participada de autobuses permitiría reducir de forma significativa estas dificultades operativas y generar ahorros de entre 90 y 130 millones de euros durante los próximos diez años.

Los estudios internos de la compañía estiman que en los próximos años podrían llegar a ser necesarios hasta 300 autobuses para cubrir los distintos planes alternativos de transporte que se activen en toda la red.