La OCU considera "urgente que se cumpla lo establecido en la Constitución, en su artículo 28.2, y que, de una vez por todas, se regule el ejercicio del derecho de huelga cuando afecta a tantas personas".

A su juicio, "no es aceptable que tantos usuarios sean rehenes de una situación que les afecta sin inguna posibilidad de actuar en la solución del problema. Y en este punto es inaceptable la dejación por parte de los poderes públicos (que deben regular el ejercicio del derecho de huelga) y de quienes buscan hacer el mayor daño posible al mayor número de usuarios".