Así lo confirmó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ante los medios de comunicación tras presidir dicha reunión en la que se aprobó la distribución de estos fondos con los votos favorables de todas las comunidades asistentes, a excepción de Murcia, que se abstuvo.

A esta conferencia sectorial entre Gobierno central y comunidades autónomas acudieron los representantes territoriales de forma presencial y telemática. En concreto, los representantes de Cataluña, La Rioja, Murcia, Canarias, Madrid y Ceuta participaron presencialmente en la reunión.

Los consejeros de Vox, de Castilla y León, Aragón y Extremadura, fueron los únicos ausentes. Sobre esta ausencia, Rego se preguntó si responde a "absentismo laboral" o a “pura vagancia y desinterés".

Además, la ministra reconoció que el reparto de los 35 millones de euros aprobado generó polémica en la reunión, pero finalmente salió adelante. Así, acusó al PP de reproducir "la agenda de políticas racistas" y reprochó a varias comunidades gobernadas por los populares que reclamen más financiación mientras rechazan medidas que aumentan los recursos autonómicos, como la quita de deuda o el techo de gasto.

CRÍTICAS

Por su lado, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, aseguró ante los medios de comunicación después de la reunión que a su territorio le correspondieron 3,6 millones de euros de los 35 millones de euros aprobados. Dijo que votó a favor porque de no hacerlo no recibirían esos fondos, y calificó el reparto de “insuficiente”.

Respecto a estas críticas de la Comunidad de Madrid, Rego aseguró que la región tiene actualmente “un 30% menos” de menores migrantes no acompañados que hace un año. Además, denunció que el Gobierno madrileño está negándose a la entrega de información sobre los menores acogidos, lo que complica la planificación de recursos y financiación.

En su caso, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, al término de la reunión, también reclamó al Ejecutivo central que incremente la financiación para la acogida de menores migrantes no acompañados y recupere la aportación extraordinaria de 100 millones de euros aprobada el pasado año.

Según explicó Delgado, Canarias sigue en situación de "emergencia y contingencia migratoria" al albergar actualmente unos “3.600” menores migrantes, una cifra que triplica el límite fijado para el archipiélago. En esta cifra también se incluyen los menores solicitantes de protección internacional (asilo).

Asimismo, Delgado defendió que, del mismo modo que el Ministerio de Derechos Sociales aumentó fondos para dependencia sin nuevos Presupuestos Generales del Estado, "en esta materia también se podía actuar". También dijo que, pese a los casi 900 traslados hechos en el último año, los centros de acogida canarios continúan "tensionados" y avisó de que en los tres últimos días llegaron 88 menores migrantes a las islas.

Rego respondió a esta petición de Canarias, recordando que el Estado ya movilizó 100 millones de euros tras reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Aseguró que el Gobierno central seguirá atendiendo necesidades de la infancia que vayan surgiendo porque es "fundamental" proteger los derechos de los niños, "independientemente de su origen".

OTROS AVANCES

En esta conferencia sectorial también se abordaron otras cuestiones y Rego destacó el avance del Registro Unificado Central de Violencias contra la Infancia, una herramienta que reunirá información procedente de distintos ministerios, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los servicios sociales autonómicos y locales.

La ministra lo definió como "un instrumento muy potente" que permitirá disponer de una "imagen fiel" de la violencia contra menores y mejorar la capacidad de intervención y prevención de las administraciones. Aunque reconoció la complejidad técnica y la necesidad de coordinación institucional, confió en que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros "en muy poquito tiempo".

También explicó que en la reunión se abordó la atención integral de menores víctimas de violencia sexual y la expansión de las casas Barnahus, centros especializados para dicha atención. Actualmente existen 18 en España, de las que 14 están en Cataluña.

Según dijo Rego, este modelo está demostrando su eficacia porque ofrece un entorno seguro para los menores, evita la revictimización y favorece que afloren casos de violencia que antes podían permanecer ocultos. "Es una buena práctica de política pública que pone en el centro a los niños y a las niñas", afirmó.

Rego insistió además en que el sistema judicial debe adaptarse a las necesidades de la infancia porque "no podemos aplicar los mismos criterios para una persona adulta cuando hablamos de justicia que para un niño".