En un comunicado coincidiendo con el primer día de huelga, esta Federación lamenta que “hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades ministeriales ni se han tomado medidas para remediar la situación insostenible que atraviesa el sector”.

“Este silencio por parte del Gobierno resulta especialmente alarmante dado el carácter esencial del servicio y las afectaciones previstas para los consumidores si no se revierte la situación”, añade.

Según esta patronal, el Gobierno debería garantizar que sus transportistas reciben de los operadores una retribución de al menos 4,8 euros por bombona, frente a los 25 céntimos actuales.

Por ello, mantiene el calendario de suspensiones de reparto para los días 13, 21 y 29 de noviembre y 5, 11, 17 y 23 de diciembre.

Sin embargo, aclara que debido al compromiso de los agentes distribuidores, el servicio de reparto domiciliario de bombonas no se suspenderá en la provincia de Valencia y en otras zonas afectadas por la reciente DANA, donde muchos hogares dependen de este suministro para su bienestar diario.

“Esta decisión pone de relieve el carácter responsable y comprometido de los distribuidores de butano, quienes buscan minimizar el impacto en las áreas más vulnerables a pesar de la falta de respuesta gubernamental”, concluye.

Esta huelga se plantea ante la inacción del Ministerio de Transición Ecológica y las condiciones impuestas por las petroleras que obligan a los distribuidores de butano a trabajar a pérdidas.

Los paros afectan al reparto de más de 150.000 bombonas de butano que diariamente se suministran en toda la geografía española a más de 6 millones de hogares.

Los convocantes explicaron que durante el periodo de suspensión las agencias de distribución no realizan entregas domiciliarias a particulares ni empresas, aunque siguen garantizando el suministro a los puntos de venta.

Además, aseguraron que la suspensión no afecta a los usuarios en situación de vulnerabilidad social, centros educativos, sanitarios, de atención social, residencias de mayores, ni a instituciones sin ánimo de lucro.

Los convocantes denuncian que los repartidores de butano atraviesan una situación crítica desde hace años, como consecuencia de que el sistema de actualización de la retribución que perciben por cada bombona lleva más de una década sin actualizarse.