Así lo expresaron las representantes del grupo de apoyo a las represaliadas Anna María Miñarro Sánchez y María Forns Roca en la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, donde comparecieron con el fin de visibilizar las “graves vulneraciones de derechos” sufridas durante el franquismo en centros de reclusión vinculados al Patronato de Protección a la Mujer.

En esos centros, miles de jóvenes fueron “encarceladas, castigadas y sometidas a abusos por salirse del modelo nacionalcatólico de ‘buena mujer’” y estas representantes buscan avanzar en la “verdad, justicia y reparación”, así como para incorporar una perspectiva de género en las políticas de memoria histórica.

Durante su intervención, Forns Roca pidió que se modifique la Ley de Memoria Democrática, en su tercer artículo, para que se mencione expresamente como víctimas a las mujeres y niñas que vivieron una privación de libertad, trabajos forzados y tortura en los centros vinculados al Patronato de Protección a la Mujer, para que queden incluidas en el esquema de reparaciones que prevé la ley.

Dijo que esa medida serviría para que tengan derecho a indemnizaciones por el tiempo que estuvieron encerradas en esos centros y tengan garantizado el acceso a los recursos terapéuticos necesarios para recuperarse. Igualmente, esa medicación debería contemplar una ampliación temporal, hasta el año 1985, del plazo de afectación como víctimas de estos centros, con el objetivo de incluir a las que fueron víctimas entre 1978 y la disolución del organismo.

La inclusión explícita como víctimas es una propuesta que Forns Roca considera “imprescindible” como un primer acto de reconocimiento y reparación para estas mujeres, que permitiría romper el “silencio” y su “invisibilización y combatir el desconocimiento general respecto a ese organismo”, así como el “estigma que pesa” sobre las que pasaron por él.

Por otro lado, otra demanda de las representantes de este grupo de apoyo fue la creación de una comisión de investigación “amplia e independiente” sobre la actividad del patronato, la privación de libertad “basada en razones morales, el trato abusivo y las violaciones sistemáticas de derechos” de las mujeres y los impactos de estos hechos sobre las víctimas y en sus entornos.

También, se pidió que este análisis profundice en la responsabilidad de la Iglesia y las congregaciones religiosas y de las empresas para las que trabajaban las mujeres en los centros, como participes de esas “violaciones de derechos”.

Al mismo tiempo, las representantes reclamaron que se establezcan los mecanismos necesarios para que esa posible comisión tenga acceso a la documentación de archivos públicos y privados, tanto los de las congregaciones religiosas colaboradoras como los de las empresas implicadas en estas actividades.

Por último, y como culminación de las actuaciones anteriores, Forns Roca pidió que se celebre acto de reconocimiento y reparación al colectivo de afectadas, “una vez modificado el marco jurídico para incluirlas y teniendo en cuenta la información aportada por los trabajos de la comisión de investigación” que solicitó.

En esta línea, la diputada socialista María Adrio afirmó que desde el Ministerio de Igualdad y el de Memoria Democrática se está trabajando en organizar un acto de estas características para que las mujeres tengan su reconocimiento y homenaje.

Forns Roca recordó que, hace unos meses, algunas congregaciones religiosas organizaron un acto de reconocimiento y petición de perdón, pero supuso una “revictimización de las supervivientes” porque, entre otras razones, el tono fue de “autojustificación más que de verdadera petición de perdón” y por el veto “impuesto a hablar de determinados temas”.

En definitiva, aseguró que un acto de reconocimiento y reparación “real” debe “visibilizar y desestigmatizar al colectivo” de estas mujeres que estuvieron en los centros del patronato porque es “necesario crear el marco jurídico adecuado y saber qué ocurrió” en ellos realmente.