“Estamos convencidos de que los tribunales nos darán la razón”, expresó la compañía en un comunicado, poco después de conocerse la sanción de 20,5 millones de euros y la prohibición de participar en contratos públicos por un periodo de seis meses.

Repsol insistió en que la sanción del a CNMC “ignora el contexto excepcional” que se vivía en 2022, y no acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado, y recalcó que “actuó con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria”.

Asimismo, lamentaron que se trate de “la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria” que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración.

“Sancionar una conducta legal y supervisada por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales responsables ante crisis futuras”, advirtió Repsol en su comunicado.

Los descuentos minoristas fueron exigidos por el decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de ucrania (Real Decreto-ley 6/2022), cuya aplicación supervisó la propia CNMC a través de su Dirección de Energía durante todo 2022.

Repsol calificó la resolución de la CNMC de “arbitraria”, ya que no define con rigor el mercado mayorista español de aprovisionamiento de gasóleo A a estaciones independientes, que es abierto y transparente, con importaciones significativas, capacidad logística ampliamente accesible e independiente de Repsol y con numerosos operadores habilitados. Al contrario, acusó a la CNMC de “inflar artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes”.

25% DE CUOTA

Repsol aseguró que, si se considera el segmento correcto, su cuota se situó en torno al 25% en 2022, lo que dejaba margen a “numerosos competidores en este mercado”.

Además, señaló que “nunca en la historia del derecho de la competencia” se ha sancionado a una empresa por abuso de posición de dominio con cuotas de mercado por debajo del 30% y menos en un periodo de nueve meses y con condiciones excepcionales. Repsol recalcó que, en ese periodo, no hubo ningún efecto en el mercado, ni exclusión de competidores ni dependencia real.

“La decisión de la CNMC identifica tan solo 12 estaciones de servicio de tres competidores en cuatro entornos locales seleccionados arbitrariamente por la CNMC, que no acredita exclusión real ni potencial. Por el contrario, esos operadores —Andamur, Arria y AS24— aumentaron sus ventas y resultados en el periodo, operaron con márgenes positivos y dispusieron de numerosas alternativas de suministro”, expuso Repsol.

Asimismo, advirtió de que la CNMC tampoco acredita “ninguna salida del mercado de ningún competidor por la supuesta conducta ni a nivel nacional ni en los propios entornos seleccionados”.

En este sentido, Repsol también incidió en que, de las tres empresas afectadas, AS24 reconoció “expresamente”, mediante un escrito a la CNMC, que no ha sufrido ningún pinzamiento, algo que el regulador “ha ignorado”.

“La CNMC reconoce que no hubo márgenes negativos ni salidas del mercado por parte de los competidores analizados. En definitiva, la CNMC está más preocupada por los resultados de esos competidores que por los ahorros que los descuentos supusieron para clientes y consumidores”, lamentó Repsol.

Para la compañía, también resulta “sorprendente” que la decisión de la CNMC se dé en un contexto de crecimiento continuo de la cuota de mercado de los operadores de estaciones de servicio independientes, frente a la de los operadores tradicionales.

Según datos de la CNMC, compartidos por Repsol en su comunicado, a finales de 2024, el 45% de las estaciones de servicio de España (5.736 gasolineras) eran independientes.

Repsol también advirtió de que no existe ninguna referencia al fraude en el expediente, a pesar de las dos denuncias que presentó, sin que se haya tenido noticia alguna al respecto.

“En la distribución mayorista de carburante es indiscutible el incumplimiento masivo de las obligaciones regulatorias y fiscales, así como su afectación a la competencia”, recordó.