Además, según defendió un portavoz de Repsol consultado por Servimedia, “la compañía no tiene una posición de dominio en el mercado de carburantes español y cumple de forma estricta con la regulación en materia de competencia”.

Asimismo, valoró que “Repsol ha hecho un enorme esfuerzo para ayudar a sus clientes a través de descuentos y hacer frente así a las subidas de precios derivadas de la guerra en Ucrania”.

En concreto, recordó que dichas medidas tienen un coste de más de 500 millones de euros que han sido destinados a descuentos en sus estaciones de servicio en España.

Según informó la CNMC, su investigación trata de dilucidar si la petrolera habría aprovechado su posición de dominio en el mercado mayorista de hidrocarburos en España para llevar a cabo distintas conductas anticompetitivas desde marzo hasta diciembre de 2022.

Para la CNMC, Repsol podría atentar contra la libre competencia al ofrecer descuentos adicionales en combustibles a los usuarios de sus estaciones de servicio a través de aplicaciones o de tarjetas de fidelización y pago mientras subía el precio que terceros competidores, las estaciones de servicio independientes, le pagan por adquirir el combustible en el mercado mayorista.

Estas conductas podrían constituir una posible vulneración del artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Atsae) y la Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos.

Ante la sospecha de existencia de posibles prácticas anticompetitivas, la CNMC abrió una información reservada y llevó a cabo una inspección domiciliaria en la sede de Repsol.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.