El decreto establece que en cada comunidad autónoma se constituirá una comisión encargada de la prueba que estará compuesta por un representante de la Administración educativa, un inspector, un catedrático de Secundaria y cuatro docentes designados entre el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria "y entre otros profesores que impartan enseñanzas en el mismo nivel".

La portavoz del PSO en la Comisión de Educación del Congreso, Amparo Valcarce, aseguró a Servimedia que es "escandaloso que la enseñanza privada pueda estar presente en tribunales públicos que deben estar íntegramente formados por funcionarios".

Las patronales de la enseñanza concertada, sobre todo Educación y Gestión, se habían quejado de la ausencia de su red de centros en la composición de las comisiones examinadoras contemplada en los borradores de decreto elaborados hasta ahora por el Gobierno.

Por eso, los soialistas consideran que esta concesión "es una prueba más de la cadena de favores del Gobierno del PP a la enseñanza privada".