REVILLA, DISPUESTO A DISCUTIR CON MARAGALL LA REFORMA CATALANA
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El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, se declaró hoy dispuesto a acudir a la convocatoria anunciada ayer por su homólogo catalán, Pasqual Maragall, para debatir los contenidos del Estatuto catalán, y hacerlo desde la oposición a la reforma planteada.
Revilla se mostró partidario del diálogo entre las comunidades autónomas y manifestó su disposición a trasladar en persona a Maragall su oposición a que la reforma estatutaria catalana genere "desigualdades e insolidaridad".
"No admitiré ninguna discriminación que perjudique a Cantabria ni, por coherencia, al resto de las comunidades autónomas", advirtió.
En su opinión, el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña plantea dudas tanto de constitucionalidad como de solidaridad. En el primer caso, aseguró estar "tranquilo" y expresó su "confianza absoluta" en las instituciones democráticas.
"Estoy convencido de que las Cortes Españolas introducirán las enmiendas necesarias para garantizar la plena constitucionalidad del texto. Pero, de no ser así, tenemos al Tribunal Constitucional como árbitro y garante del riguroso respeto a la Constitución, como ha ocurrido ya en otras ocasiones similares", indicó.
Por el contrario, Revilla confesó sentirse "muy preocupado" por la repercusión que ciertos aspectos de la reforma, como los relativos al sistema de financiación, la Seguridad Social, las inversiones o la definición y alcance de las competencias, pueden tener sobre los principios de igualdad y solidaridad que hasta ahora han sustentado el sistema autonómico.
El Jefe del Ejecutivo cántabro tiene la impresión de que la reforma catalana parte del principio de que en España existen dos tipos de realidades territoriales: "unas con derecho a un auténtico autogobierno, de base federal, y otras con derecho a una especie de descentralización administrativa cualificada".
"Bajo ningún concepto vamos a admitir que prevalezcan este tipo de criterios, que atentan contra la propia evolución del sistema autonómico español, en el que todas las comunidades tienen el mismo nivel de descentralización política, aunque se hayan podido utilizar dos vías para llegar a él", dijo.
Asimismo, agregó que los derechos históricos no pueden justificar "en ningún caso" diferencias sustanciales, "sino solamente peculiaridades vinculadas a la cultura, las tradiciones, la organización territorial interna y cuestiones similares".
(SERVIMEDIA)
07 Oct 2005
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