Así lo explica el comisario en una respuesta por escrito a una pregunta que el ex secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, le formuló “ante el intento del Gobierno y de sus socios independentistas de eliminar en la ley de amnistía el papel del TJUE”.

“Del principio de primacía se desprende que la exigencia del derecho de la Unión de suspender el procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre la petición de decisión prejudicial se aplica con independencia de lo que la legislación nacional establezca. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional debe dejar inaplicada cualquier normativa nacional que no respete este principio”, dice en la respuesta sobre esta posibilidad.

Con respecto a las cuestiones prejudiciales que se puedan plantear por los tribunales, Reynders confirma que el artículo 23 del Estatuto del TJUE establece que, “en los asuntos sustanciados mediante el procedimiento prejudicial, la resolución del órgano jurisdiccional nacional por la que somete un asunto al Tribunal de Justicia suspende el procedimiento nacional”.

“Por consiguiente”, prosigue, “la presentación de una petición de decisión prejudicial entraña la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie”.

Además, indica que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también ha señalado que el procedimiento prejudicial “exige suspender el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia”.

Ante esta respuesta, Vázquez afirmó el camino para “descarrillar la ley de impunidad pasa por Europa”. “Lo que hemos visto hasta ahora es simplemente el preámbulo de lo que viene, porque la gran batalla para la defensa de Estado de Derecho en las instituciones europeas se inicia ahora, en cuanto la amnistía sea aprobada por el Congreso de los Diputados”, apostilló.