Ribera hizo esa consideración en el Pleno del Senado al contestar a una pregunta del senador socialista Fernando Lastra sobre las medidas que el Gobierno ha adoptado respecto a la sentencia condenatoria a España por incumplir obligaciones comunitarias en tratamiento de aguas residuales urbanas.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el pasado 21 de septiembre un decreto ley que suprime el gravamen para 2023 del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés en la región.

Se trata de una tasa creada por el Gobierno andaluz en 2010 -entonces gobernado por el PSOE- que figura en las facturas a los ciudadanos con el fin de costear obras en materia de agua.

Ribera comentó que España cuenta con 500 aglomeraciones urbanas que incumplen la normativa en materia de saneamiento y depuración de aguas, 200 de las cuales están en Andalucía.

“De todo lo que tenemos pendiente para que los vecinos puedan vivir con dignidad y las aguas lleguen correctamente depuradas al cauce de los ríos, parece que la Junta de Andalucía hace dejación de funciones una vez más y supongo que pedirá el dinero en algún sitio para que, con esta supresión del canon o bien la supresión del impuesto de patrimonio, los demás asumamos poder corregir esa desviación”, comentó.

MICROPLÁSTICOS O ANTIBIÓTICOS

Ribera señaló que el Gobierno ha marcado el saneamiento y la depuración de las aguas urbanas como “una de las grandes prioridades” en el nuevo ciclo hidrológico 2022-2027.

Recordó que el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España en junio de 2018 a casi 11 millones de euros cada seis meses por incumplir la normativa comunitaria de saneamiento y depuración de aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes.

“Nos pusimos a trabajar intensamente. Las obras hidráulicas no son sencillas y, afortunadamente, seis de estos expedientes están satisfactoriamente cerrados y en funcionamiento”, comentó.

Ribera añadió que ello ha permitido “reducir esa multa”. “Confiamos en que en los próximos años se puedan resolver los tres expedientes sobre sobre los que no había absolutamente nada escrito porque quisiera recordar que esto es competencia de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas”, apostilló.

La vicepresidenta tercera del Gobierno subrayó que el nuevo ciclo de planificación hidrológica movilizará más de 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado asumirá unos 2.800 millones, que se invertirán no sólo en mejorar depuradoras antiguas, sino afrontar “nuevos desafíos” como la presencia de microplásticos o antibióticos en el agua por encima de los estándares fijados por la Unión Europea.