De esta forma, Ribera expresó de nuevo la posición de rechazo del Gobierno de España a la propuesta de la Comisión para incorporar el gas y la nuclear entre las tecnologías consideradas sostenibles por la Taxonomía Europea.

Para Ribera, se trata de una propuesta controvertida “que puede distorsionar y generar confusión” a la hora de encauzar inversiones sostenibles en la UE, ya que “ni la nuclear ni el gas cumplen los criterios científicos y legales para ser consideradas sostenibles ni recibir el mismo tratamiento que tecnologías incuestionablemente verdes, como la eólica o la solar, y orientan en sentido contrario a las prioridades de un proceso de descarbonización de la economía europea sin riesgos ambientales”.

La vicepresidenta se refirió así a las alegaciones presentadas por España a la propuesta del colegio de comisarios y a la carta suscrita junto con Austria, Dinamarca y Luxemburgo, en el que los cuatro países exponían su rechazo a incluir el gas y la energía nuclear en la Taxonomía.

En este sentido, el Ministerio subrayó que “el criterio aplicado al gas, de no emitir más de 270 gramos de CO2/kWh, está por encima de las recomendaciones del IPCC y la AIE y eliminaría de hecho el principio de “no causar daño significativo” (DNSH por sus siglas inglesas) establecido en la primera propuesta de Taxonomía, fijado precisamente en ese nivel de emisión.

En el caso de la nuclear, Transición Ecológica apuntó que “el impacto negativo de los residuos radiactivos de alta actividad está sobradamente documentado y es incompatible con el DNSH”. “El tratamiento de dichos residuos acarrea unos costes muy elevados y todavía carecemos de una solución probada y definitiva para ellos, tras 60 años de uso de la tecnología”, añadió, además de recordar que “accidentes como Chernobyl o Fukushima son referentes claros sobre los riesgos de la energía nuclear”.

De esta manera, el Gobierno de España considera “que la propuesta de la Comisión emite una muy mala señal a los mercados financieros para orientar su inversión hacia tecnología realmente sostenible y con poco riesgo”. Además, advierte de que “puede reducir significativamente la inversión en fuentes incuestionablemente limpias, de modo que supone una amenaza para el proceso de transición energética y la consecución de los objetivos europeos de descarbonización”.

PRECIO DE LA ENERGÍA

Por otra parte, en relación a la escalada de precios de la energía y el agravamiento de la situación de crisis en Ucrania, Ribera insistió en la necesidad de desarrollar mecanismos que protejan a los consumidores de la volatilidad de las materias primas en los mercados internacionales, más allá de las propuestas de la Comisión desglosadas en su Comunicación Toolbox.

“Vamos a insistir, una vez más, en la importancia de que la UE se plantee en el plan de emergencia qué medidas excepcionales se pueden adoptar en el contexto regulatorio para que esa situación tan complicada respecto al gas no impacte de una manera tan desorbitada también sobre los precios de la electricidad”, señaló Ribera al respecto.

El Ministerio explicó que “las propuestas de la Toolbox se basan en las transferencias económicas procedentes de los presupuestos públicos y de los consumidores con rentas elevadas hacia los consumidores vulnerables y la industria” y que, por ello, “sólo pueden aplicarlas determinados estados, de modo que generan desigualdad, distorsionan la competencia e, incluso, fomentan la deslocalización hacia los países con más cobertura, atentando contra de la unidad de mercado”.

“España considera que la UE debe dotarse, tras un amplio debate, de mecanismos para devolver las rentas extraordinarias obtenidas del extraordinario precio de la energía a los consumidores, en vez de usar fondos aportados por los contribuyentes o por otros consumidores”, agregó Transición Ecológica.

TRANSICIÓN JUSTA

En la reunión también fue analizado el papel de los impactos del paquete normativo del ‘Fit for 55%’ -que fija el compromiso comunitario de reducción del 55% de emisiones de CO2 para 2030- en la vida de los ciudadanos europeos y los retos que representa en términos de equidad y justicia social.

En este sentido, el Gobierno de España considera que la propuesta de la Comisión sobre la Transición Justa “proporciona una base sobre la que trabajar, si bien plantea algunas preocupaciones basadas en la equidad social y el reparto equitativo del esfuerzo para los países y sectores, además de igualar la cohesión climática de los impactos y riesgos entre el sur y el norte de Europa”. Por ejemplo, Ribera abogó por estudiar con prudencia la aplicación del mercado de CO2 al transporte y la edificación, o analizar mejor el reparto del esfuerzo adicional de absorción de CO2 entre los Estados miembro.

Así, España cree “imprescindible” que el esquema legislativo en el que pretende avanzar la Comisión “respete las particularidades de cada región, permita flexibilidad a los estados miembros y facilite los fondos suficientes para garantizar una transición inclusiva y la adaptación de los trabajadores y profesionales a los nuevos modelos de negocio en todos los sectores”.