Ribera hizo esa consideración a los periodistas durante una visita a la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Tineo (Asturias). La región asturiana se ha visto asolada por una oleada de incendios en las últimas semanas.

“Creo, honestamente, que se trata de una maniobra de regate corto intentando trasladar a la opinión pública, al votante para las próximas semanas, que hay una expectativa de acceso a agua. Y creo que es un engaño que se está trasladando a la opinión pública, a la provincia de Huelva. No hay agua disponible, es imposible que haya agua disponible”, indicó.

Ribera comentó que el agua que podría ir a regadíos ahora ilegales en Doñana “está ya comprometida” para cumplir con la condena del Tribunal de Justicia de la UE, ya que los planes hidrológicos del Guadalquivir entre 2012 y 2021 fueron considerados insuficientes para proteger ese parque nacional.

“Hemos acometido un proceso de inversión muy importante en transferencia, en trasvase de agua desde las cuencas del Tinto y del Piedras, pero es un agua que va destinada a recargar los acuíferos, para reducir las presiones en estos lugares, y no queda agua disponible para nuevas legalizaciones, para ampliar la superficie de regadío. Es obvio que las circunstancias ponen de manifiesto que es muy difícil pensar que vayamos a disponer de más agua en los próximos años”, apuntó.

“GRAN IRRESPONSABILIDAD”

Por ello, Ribera tildó de “medida puramente electoralista” la proposición de ley del PP y Vox porque promete “lo que no se puede, sobre lo que no se es competente y sobre lo que no se tiene porque no hay más agua”.

“Es una gran irresponsabilidad porque generan muchos daños colaterales muy importantes”, indicó, entre ellos el de “la frustración de una gente a la que se le promete algo que no es posible”, el “conflicto” o “confusión” que se puede generar en las exportaciones de fresas y frutos rojos si las cadenas de distribución bloquean los productos que procedan de esa comarca “sin diferenciar quién lo hace correctamente y quién no lo hace correctamente”. “Hay un riesgo reputacional muy grande”, dijo.

Además, destacó que esta iniciativa ha generado una “alerta” en la Comisión Europea. “Nosotros periódicamente tenemos que reportar sobre el grado de cumplimiento de aquello a lo que nos comprometimos. ¿Por qué? Porque tenemos una sentencia condenatoria que nos obligaba a reforzar las medidas de protección de Doñana. Frente a eso, lo que se transmite es una amenaza adicional. Por tanto, esto pone en riesgo el hecho de que la propia Comisión acuda al Tribunal de Justicia pidiendo multas coercitivas para garantizar que el Reino de España cumple”, recalcó.

Ribera reiteró al respecto: “De fondo, es imposible, no hay agua. No se puede repartir lo que no se tiene. Es más, no se es competente, no puede repartir lo que no es competencia de la Junta de Andalucía, sino de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

“Lamento profundamente que haya 70 diputados del Parlamento andaluz que de forma tan irresponsable hayan respaldado con su voto la toma en consideración de esta ley y confío que este proyecto de ley en tramitación quede en un cajón, en una papelera, que es de donde no debía haber salido nunca”, concluyó.