El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha activado un dispositivo institucional para proteger a las familias de la Cañada Real que han renunciado recientemente a su realojo tras recibir presiones y amenazas. El Consistorio ofrecerá asesoramiento legal y acompañamiento social a las personas afectadas y anunció que se personará, si es necesario, en los procedimientos judiciales que se deriven de estas coacciones.

Según los técnicos, en las visitas a las familias para intimidarlas se les instaba a rechazar las alternativas habitacionales ofrecidas, con el fin de prolongar su estancia en la Cañada en condiciones precarias y se les recomendaba contratar a un despacho concreto de abogados

La situación es especialmente grave porque la legislación actual de la Comunidad de Madrid establece que las familias que rechacen el realojo por la vía preferente no podrán acceder a una nueva vivienda social hasta dentro de 10 años, lo que condena a muchas de ellas sin solución habitacional.

La situación ha llevado a varias familias ya realojadas a interponer denuncias ante la Guardia Civil. A esto se suma que muchas de las familias que siguen en la zona están pagando alquileres irregulares sin contrato legal a supuestos propietarios de las parcelas, en un contexto de inseguridad jurídica y vulnerabilidad. De hecho, según el Consistorio, algunas han optado por hacer la mudanza de madrugada para evitar represalias.

El portavoz del Ayuntamiento, José Luis Alfaro, expresó que no permitirán que "el derecho a una vivienda digna se vea vulnerado por amenazas o extorsiones" y que acompañarán "a las familias que sufren esta situación y a poner recursos municipales a su alcance para que ninguna quede desprotegida”.

En el marco del Pacto Regional por la Cañada Real, el Ayuntamiento de Rivas gestiona los procesos de realojo en los sectores 4 y 5 de esta vía, en colaboración con la Comunidad de Madrid y otros municipios. La prioridad municipal está en garantizar una alternativa habitacional a las familias más vulnerables, especialmente aquellas con menores, personas mayores o enfermas.

El Ayuntamiento ha mantenido ya varias reuniones con entidades sociales y asociaciones vecinales que trabajan en la zona para reforzar la mediación y la protección a las familias. También ha trasladado esta situación a los órganos del Pacto Regional por la Cañada Real, a los partidos políticos y al resto de administraciones implicadas: la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y la Delegación del Gobierno.

Los equipos del Ayuntamiento -personal técnico especializado- realizan labores de identificación, entrevista y acompañamiento a las familias vulnerables. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) se encarga de adquirir viviendas adecuadas a las necesidades, en Rivas y en otros municipios de la región.