Así lo señaló en declaraciones a los medios tras mantener una videoconferencia con varios buques de la Armada desplegados en misiones de la Unión Europea y la OTAN. Margarita Robles afirmó que estudiarán “con muchísima atención” la irrupción saudí en el accionariado de Telefónica, al ser una empresa estratégica.

“Efectivamente esta operación incide dentro de un sector estratégico, que es la defensa”, subrayó la ministra. “La defensa es esencial y fundamental y precisamente la normativa que tiene España ha querido ser muy estricta para que cuando haya inversiones extranjeras que puedan afectar a la defensa y a la seguridad, todos los controles se pongan en marcha”, recalcó.

Hace dos días se conoció que la empresa Saudi Telecom Company (STC) Group ha adquirido una participación del 9,9% en Telefónica por un importe de 2.100 millones de euros. STC se convierte así en el principal accionista del primer operador de telecomunicaciones en España, por delante de Criteria-CaixaBank (5,50%), BBVA (4,87%) y el fondo Blackrock (4,48%).

Tal y como recoge el real decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, también conocido como el ‘escudo antiopas’, existe un régimen de autorización previa cuando la operación de inversión extranjera afecte a actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, tales como las que afectan a las capacidades industriales y áreas de conocimiento necesarias para proveer los equipos, sistemas y servicios que doten a las Fuerzas Armadas de las capacidades militares necesarias.

Igualmente atañe a las empresas cuyas actividades se destinen a la producción (entendiendo por tal el diseño y la fabricación), el mantenimiento o el comercio de material de defensa en general, de acuerdo con la Ley 18/1992, de 1 de julio, por la que se establecen determinadas normas en materia de inversiones extranjeras en España.

SOCIO TECNOLÓGICO

Cabe recordar que Telefónica es socio tecnológico del Ministerio de Defensa para, entre otras tareas, desplegar las redes 5G de las Fuerzas Armadas. Además, la empresa trabaja ya en la instalación de la nueva red de telecomunicaciones del departamento que dirige Margarita Robles y está implantando la escuela de operaciones en ciberdefensa.

Las solicitudes de autorización de los inversores las recibe la persona titular de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, actualmente el almirante Aniceto Rosique (Digam).

La resolución final del expediente corresponde al Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Defensa y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores en la que se encuentran representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Dirección Operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno.

El plazo máximo para resolver la solicitud y notificar la resolución al interesado es de tres meses.