"Quien hace los deberes merece un mayor acompañamiento", explicó Rodríguez durante su intervención en el acto de firma de dicho protocolo, en la que, además de una defensa del mecanismo de las zonas tensionadas, también puso en valor el mayor control de despliegue de pisos turísticos, con un cuerpo de inspectores autonómico que controla abusos en esta materia.

La ministra, quien afirmó que hoy es un día "especial y emotivo" para el Ministerio, aseguró que en poco más de un mes se cumple el cuadragésimo séptimo aniversario de aprobación de la Constitución Española, que recoge el derecho a una vivienda digna. "Llegamos a este aniversario con la tarea pendiente de consolidar este derecho", indicó la ministra, quien aseveró que los derechos se han de consolidar mediante la acción pública y destacó que trabajan para que esta crisis de la accesibilidad de la vivienda sea la última crisis.

En su intervención, la ministra recalcó la importancia de la colaboración honesta con las comunidades autónomas y destacó que "el acuerdo siempre es mejor que la confrontación" e indicó que "en el caso de la vivienda el acuerdo no es optativo, es obligatorio”.

También recordó que trabajan para la edificación un parque público de viviendas público " permanente, estable y suficiente". "En ocasiones se nos reprocha que vamos lentos y que pareciera que no tenemos valentía suficiente como para resolver este problema pero en este asunto hay que actuar con rigor", aseguró Rodríguez, quien explicó que este acuerdo deviene de un acuerdo del Consejo de ministros para la compra de viviendas que antes eran de la Sareb y explicó que "hemos aprendido de los errores de la anterior crisis".

Por otra parte, la consellera de Vivienda, Territorio y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Silvia Paneque, aseveró que la Generalitat enfoca la vivienda de forma proactiva, con el desarrollo de políticas que permitan el garantizar el acceso a una vivienda a las clases medias y trabajadoras.

"Queremos que la vivienda de promoción pública represente el 15% del total del parque de vivienda", destacó la consellera, quien indicó que nueve de cada diez catalanes se ven afectados de forma directa o indirecta por la crisis de vivienda y aseguró que las políticas de vivienda implican el desarrollo de una política social de primer orden.

También intervino en este acto el president de la Generalitat Salvador Illa, quien lamentó que en el país que más crece de Europa haya ciudadanos con trabajo estable que no puedan acceder a una vivienda digna. "Ante esta situación hay que actuar con la máxima contundencia y no hay que tener miramientos a la hora de intervenir un mercado", aseguró Illa, quien indicó que están a favor de una economía de mercado pero de tomar medidas para que la prosperidad no se quede en unos pocos bolsillos y se expanda por todos el territorio.

EL PROTOCOLO

Este protocolo, explicó Vivienda en una rueda de prensa, tiene por objeto identificar y delimitar el perímetro de activos sujetos a este régimen de cogestión, con un inventario detallado de las viviendas y suelos incorporados a la Entidad Estatal de Vivienda desde la Sareb. En el caso de Cataluña, se estima que esta identificación pueda alcanzar un perímetro de alrededor de 13.000 viviendas y más de 300 solares en distintos estados de disponibilidad, con lo que su gestión se realizará en distintas fases a lo largo del tiempo.

Asimismo, Vivienda recordó que este modelo de colaboración para la gestión de las viviendas y suelos de la Entidad Estatal de Vivienda está abierto a otras comunidades autónomas comprometidas con la función social de la vivienda y con capacidad para la cogestión del parque estatal. Las autonomías que ya cuenten con medios para la gestión de vivienda pública, especialmente aquellas que hayan mostrado su disposición a aplicar la Ley de Vivienda e intervenir el mercado desde la regulación, podrán gestionar estos activos de acuerdo con sus competencias y en régimen de usufructo con las condiciones estipuladas por la Entidad Estatal de Vivienda, que conservará la titularidad de los inmuebles.

Esas condiciones incluyen la duración del usufructo, la distribución de gastos derivados de la gestión de esos activos, las necesidades de rehabilitación, así como el régimen de arrendamiento asequible y la coordinación de los sistemas de información