"Por ejemplo, nunca reflejamos la construcción de una empresa pública de vivienda", ejemplificó Rodríguez en una entrevista en RNE, en la que reivindicó su acompañamiento al sector de la construcción o su propuesta para el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que triplica los fondos frente al anterior plan.

Sobre este plan, Rodríguez indicó que mantendrán una reunión de carácter técnico con las Comunidades Autónomas a lo largo de esta semana que servirá como preludio a una reunión posterior con los diferentes consejeros del ramo. Este plan, que la ministra pretende aprobar antes de que acabe 2025, debe ser dialogado con las distintas autonomías. "Las políticas de vivienda venían de una anomalía y es que se habían desarrollado antes de dar cumplimiento a un mandato claro de la Constitución. A esto le que dimos cumplimiento en la pasada legislatura con una Ley de Bases, lo que me permite a día de hoy hacer unas políticas que no se podrían haber desarrollado en otro momento, precisamente porque faltaba ese desarrollo y teníamos el reproche del Tribunal Constitucional", explicó Rodríguez.

REINVINDICACIÓN

Por su parte, insistió una vez más en reivindicar los instrumentos puestos a disposición de las Comunidades Autónomas como las zonas tensionadas, de las que una vez más volvió a defender su funcionamiento, y el Índice de Referencia del Precios del Alquiler. "Tenemos una Ley que está consiguiendo que baje el precio del alquiler hasta un 8%, pero hay quien se empeña que esto no ocurra en otros sitios", lamentó Rodríguez en referencia a las comunidades autónomas que no aplican zonas tensionadas.

Asimismo, reprochó duramente los recursos ante el Tribunal Constitucional de la normativa que regula las viviendas de uso turístico. "Hemos hecho el esfuerzo de identificar dónde están los pisos turísticos ilegales, que no cumplen con las ordenanzas o con las normativas autonómicas. Hay un consenso académico, social, político y económico que esto está afectando negativamente y encareciendo los precios del alquiler", afirmó la ministra, quien lamentó que Andalucía, la comunidad con más pisos turísticos ilegales tiene, anteponga este recurso en vez de plataformas como Booking o Airbnb.

También lamentó que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quite hierro a la presencia de 15.000 alojamientos turísticos ilegales en Madrid. "Con esos pisos a nuestra disposición le estaríamos resolviendo la papeleta a 30.000 personas, más grande que toda la Operación Campamento", explicó.

Por último, reivindicó la importancia de proteger el parque público de vivienda a perpetuidad y aunque aseguró que confía en alcanzar acuerdos con las comunidades autónomas.