Vivienda volverá a ser un ministerio 13 años después de que José Luis Rodríguez Zapatero decidiera suprimirlo tras haberlo creado a su llegada al Ejecutivo en 2004. Durante esos seis años, ocuparon la cartera María Antonia Trujillo, Carme Chacón y Beatriz Corredor. El líder socialista recuperó una cartera que había existido durante el franquismo y que, durante la democracia, ha estado mayoritariamente integrada en el ministerio de Fomento.

Isabel Rodríguez, exalcadesa de Puertollano y hasta ahora portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, asumirá unas competencias que durante los Ejecutivos de Pedro Sánchez habían estado integradas bajo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre 2018 y 2021 bajo el mando de José Luis Ábalos y, desde entonces, bajo el de Raquel Sánchez.

El principal reto del nuevo Ministerio será completar el desarrollo de la Ley de Vivienda que el Ejecutivo aprobó el pasado mes de mayo, gracias al apoyo de ERC y EH Bildu, en la que fue una de las negociaciones más complicadas del primer Ejecutivo de coalición.

El PSOE transigió finalmente con la regulación de los alquileres a pequeños propietarios que había rechazado inicialmente y estos se incluyeron en la ley, bajo solicitud de las comunidades autónomas. Todos los Gobiernos regionales del PP ya avisaron de que no solicitarían la declaración de zonas tensionadas -paso previo para regular los alquileres-, y, tras seis meses, solo Cataluña ha iniciado el proceso para ello.

La norma contó además con el rechazo de dos grupos, PNV y Junts, que en la nueva legislatura se tornan imprescindibles para lograr cualquier mayoría parlamentaria. Además, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite cinco recursos de inconstitucionalidad contra la norma, uno de ellos procedente del Parlamento de Cataluña con el apoyo de ERC, pese al apoyo de los independentistas a la ley.

Además, el texto se enfrenta a un último fleco para posibilitar la regulación de los alquileres: la actualización del índice ministerial que servirá como herramienta para ajustar los precios. Elaborado con datos de la Agencia Tributaria, entre otros datos, el objetivo del Ejecutivo era tenerlo listo para finales de año. El 1 de enero de 2024 entrarán también en vigor los nuevos incentivos fiscales a pequeños propietarios que pongan su vivienda en alquiler.

184.000 VIVIENDAS

Otra política continuista será la puesta a disposición de las 184.000 viviendas en alquiler asequible prometidas por el presidente del Gobierno durante la campaña de las autonómicas. La promesa se enmarca en el objetivo último de elevar el parque público de vivienda hasta el 20% del total.

Para ello, PSOE y Sumar contemplaron en su acuerdo “mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando la vivienda vacía”, así como la vivienda propiedad de Sareb. A 31 de julio, se habían movilizado 71.620 viviendas, según datos del Gobierno.

BONO ALQUILER JOVEN

Asimismo, el Gobierno seguirá impulsando el Bono Alquiler Joven, tal y como señaló Sánchez durante su discurso de investidura y constaba en el acuerdo con Sumar. La medida fue aprobada por el Gobierno en 2021 por un período de dos años con un importe de 200 millones de euros para cada convocatoria.

Para acceder a la ayuda, los jóvenes debían tener unos ingresos inferiores a tres veces el Iprem y se destinaba a alquileres de un máximo de 600 euros, ampliables a 900 euros. La ayuda consistía en un importe de 250 euros y los beneficiados potenciales eran 70.000.

Tras su aprobación, ha sido tarea de las comunidades autónomas, competentes en materia de vivienda, poner en marcha las convocatorias y realizar los pagos. Ahora el Gobierno quiere consolidar la medida y ampliar la dotación de 1.700 millones que inicialmente destinó para que llegue a todos los jóvenes.

ACCESO A VIVIENDA

Rodríguez también tendrá la tarea de poner en marcha la línea de avales para facilitar el acceso a la propiedad de vivienda a jóvenes. Esta medida, anunciada en mayo, dará cobertura hasta el 20% de la compra de una primera vivienda a personas de hasta 35 años con unos ingresos inferiores a los 37.800 euros al año, límite que se amplía un 70% para familias monoparentales, hasta los 64.000 euros, y al doble, hasta los 75.600 euros, si la hipoteca la firman dos personas.

El plazo del aval otorgado será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de periodo de carencia. El resto de las condiciones financieras se establecerán en el contrato de aval a formalizar entre el ICO y las entidades de crédito, algo que todavía no se ha producido.

En materia de desahucios, PSOE y Sumar acordaron impulsar actuaciones para “asegurar” que, una vez comunicada de oficio la existencia de un procedimiento y “verificada la situación de vulnerabilidad”, se presente al juzgado “propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social” a proporcionar por la Administración y “propuesta de medidas de atención inmediata” a adoptar igualmente por la Administración, así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la víctima del desahucio.

Además, Rodríguez tendrá que hacer frente a la revisión de la regulación de los alojamientos turísticos acordada con Sumar en zonas de mercado tensionadas, que quedó fuera de la Ley de Vivienda al esgrimir el PSOE que corresponde a los ayuntamientos la normativa de este tipo de viviendas.

La nueva ministra también tendrá que impulsar un registro de viviendas vacías a partir de la definición e información publicada por el INE en el Censo de Población y Vivienda 2021, y en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En materia de rehabilitación, el nuevo Ejecutivo mantiene el objetivo de rehabilitar medio millón de viviendas priorizando a aquellas familias con hijos a cargo con menos ingresos a través de un programa nacional de ayudas y subvenciones. Rodríguez asumirá la promesa de impulsar la rehabilitación anual, como mínimo, del 5% de los edificios públicos, así como la aprobación de un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico.