Así lo indicó en la clausura de la asamblea general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en la que puso de manifiesto la necesidad del Gobierno de contar con el sector promotor y constructor para construir vivienda. “Todo el plan de promoción de construcción de viviendas asequibles queremos hacerlo con ustedes, afirmó, mostrándose “convencida” de que podrán superar el objetivo con voluntad.

Rodríguez subrayó el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de lograr una “alianza de país” que busque consolidar la vivienda como “el quinto pilar del Estado del Bienestar” y reiteró que sin los constructores “no podremos hacerlo”. La ministra reconoció que existen “intereses contrapuestos” entre los distintos actores del sector, pero también una “voluntad colectiva” para dar respuesta al problema de la vivienda.

En concreto, se refirió al artículo 25 de la Ley de Vivienda, que mandata una colaboración público-privada para incrementar la oferta de vivienda asequible. La ministra reconoció que el esfuerzo del país para construir vivienda protegida durante el siglo XX “se hizo especialmente gracias a vosotros, la iniciativa privada”.

En total, cifró en siete millones las viviendas protegidas construidas que ahora forman ya parte del mercado libre tras acabar su período de protección. La ministra defendió que la ley aprobada por el Gobierno asegura que “ese esfuerzo inversor ahora sería permanente”.

Rodríguez también defendió a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) como un “buen instrumento” como “facilitador de la construcción” ante la petición de la patronal de la construcción de que no se produzca una utilización “abusiva” de los medios propios.

La ministra repasó las distintas líneas de actuación del Ministerio para incrementar la oferta de vivienda, entre las que se encuentran los 2.500 millones de euros para avales de hipotecas para jóvenes que se encuentran “acorralados” en el alquiler porque no pueden pagar la entrada de una vivienda.

Además, reiteró el compromiso de llevar al próximo Consejo de Ministros la modificación de la Ley del Suelo para “dar seguridad jurídica” y “evitar que los errores subsanables” paralicen los planes de ordenación urbanística.

PETICIONES DEL SECTOR

Antes de la ministra, el presidente de la CNC, Pedro Fernández-Alén, intervino para reclamar ante la responsable gubernamental la necesidad de alcanzar una construcción de 150.000 viviendas anuales con el que se reduciría la diferencia existente entre los niveles de construcción actual y el número de hogares que se crean.

Para la patronal, la situación actual dista de ser la de la burbuja financiera, cuando se concedían al año más de 900.000 visados de obra nueva, según el Observatorio Industrial de la Construcción. Durante el ejercicio 2023 se terminaron aproximadamente 85.000 viviendas, y se cerró con apenas 132.000 visados de obra nueva, en una tendencia decreciente marcada por los altos tipos de interés y la creación de más de 210.000 hogares anuales.

La CNC relama un pacto de Estado por la vivienda con la participación de las comunidades autónomas y las entidades locales. La ministra reiteró en su discurso que están tratando de darles más “autonomía” después de conocerse esta semana que Vivienda explora cómo pueden sortear la negativa de las comunidades del PP a aplicar los controles de alquileres.

La patronal también pide agilizar los préstamos ICO en los territorios, actualizar los precios de los módulos, y, desde el punto de vista fiscal, pide implantar bonificaciones del ITP o el IBI por la compra de una vivienda en el medio rural.

Asimismo, también pide reforzar la lucha contra la ocupación ilegal, a través de la reforma del Código Penal, para eximir del pago del impuesto IBI a los propietarios afectados, y la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir que estas personas puedan empadronarse en la vivienda ocupada.

Por último, reclama volver al modelo de contratación pública anterior a 2015, antes de la aprobación de la Ley de Desindexación. Se trata de una demanda habitual del sector durante la época inflacionaria de los últimos años, que ha provocado que el número de licitaciones desiertas se haya elevado hasta el 10% de las licitaciones públicas dentro de la contratación nacional y 20,5% de las licitaciones concesionales, según datos de 2022.