El industrial pacense exigía el pago de 100 millones d pesetas a Rodríguez Ibarra por unas declaraciones del presidente de Extremadura durante el desarrollo de una sesión plenaria en la Asamblea regional.

Ibarra dijo que la sentencia pone de manifiesto que el TSJE no puede entrar a juzgar a un diputado parlamentario por la opinión emitida en la Cámara, "lo que demuestra la ligereza de algunos a la hora de utilizar los instrumentos de la justicia".