Así lo defendió durante la visita a las obras de construcción de una promoción de 400 viviendas públicas en Aranjuez, en la que estuvo acompañada por el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, recientemente reincorporado tras estar de baja varios meses por motivos médicos.

Rodríguez también afirmó que las viviendas del Plan Vive "han adolecido, en ocasiones, de la calidad que se le presupone a una vivienda pública". Asimismo, instó a establecer una reflexión conjunta para "agilizar" la manera en la que desde la administración se ofrecen esas viviendas a la ciudadanía e insistió en la "importancia" de que lo que se construya con recursos públicos, permanezca en el parque público de vivienda a perpetuidad.

"Tenemos que dotar el proceso de absoluta transparencia para evitar la paradoja de que, en ocasiones, se produzcan más rechazos que adjudicaciones", aseveró la ministra, quien también puso en valor los 2.385 millones que el Gobierno ha invertido desde 2018 en materia de vivienda en la Comunidad de Madrid y las más de 75.800 viviendas movilizadas - 17.678 de nueva construcción y 58.140 en rehabilitación-.

NO PUEDE ESPERAR

Por otra parte, la ministra anunció que la entidad pública Casa 47 incorporará 200 viviendas en Aranjuez al parque público de vivienda que está promoviendo el Gobierno de España. Estas viviendas provienen de Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda. Estas serán rehabilitadas para su puesta a disposición de la ciudadanía.

En otro orden de cosas, instó a combinar construcción de vivienda con medidas de protección a los inquilinos porque "quien hoy sufre alquileres imposibles no puede esperar". "Pienso en quien está en vilo porque su contrato vence mañana y teme una subida de 200 o 300 euros que no puede asumir", aseveró, a la vez que insistió en la importancia de intervenir con los instrumentos legales disponibles para congelar los precios del alquiler.

"En Madrid, hoy, si queremos; podemos congelarlos. Y creo que no solo yo, sino millones de personas que viven de alquiler, desearían que sus responsables políticos lo hicieran posible", afirmó la ministra, quien volvió a instar al gobierno autonómico a desplegar los mecanismos de las Zonas Tensionadas para que los madrileños "dejen de vivir en vilo".

ACABAR CON EL FRAUDE

Preguntada por la polémica levantada este miércoles tras afirmar que, si de ella dependiera, aplicaría el 155 en la Comunidad de Madrid para intervenir el mercado del alquiler, aseguró que cuando manifestó, "con argumentos jurídicos" su voluntad de solucionar el mercado de la vivienda "no ofendió a nadie".

"Yo desearía que en Madrid se congelara el precio del alquiler, se persiguiera el fraude en los contratos de temporada, se clausuraran los alojamientos turísticos ilegales, se dejara de llamar a inversores ricos para que compren nuestros barrios y se dejara de favorecer a quienes tratan la vivienda como un activo financiero en lugar de un bien de primera necesidad", explicó la ministra.

Por último, hizo un llamamiento a los ayuntamientos a aplicar la normativa y cerrar las más de 87.000 viviendas ilegales detectadas por el Ministerio.