En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez explicó que la redacción completa se conocerá cuando esté disponible el texto definitivo y destacó la participación del Ministerio de Economía en la elaboración de la definición para evitar efectos no deseados.

La ministra señaló que el objetivo no es “ponerles palos en las ruedas a las empresas”, sino impedir prácticas especulativas y orientar la inversión hacia la vivienda pública y asequible. En este sentido, aseguró que la definición se ha trabajado para evitar que la prohibición afecte, por ejemplo, a entidades públicas como Casa 47 cuando quieran adquirir inmuebles para incorporarlos al parque público o asequible.

Rodríguez se refirió también a Urbagestión, propietaria de la vivienda de la que fue desahuciada Maricarmen la semana pasada. La ministra reconoció que, “en puridad, tal vez no fuera un fondo”, pero la calificó de “pyme buitre, muy carroñera”. Asimismo, celebró el acuerdo alcanzado para que Maricarmen pueda regresar a su vivienda, aunque calificó de “innecesario” el proceso que desembocó en su desahucio.

PROHIBICIÓN DE COMPRAS

El acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar contempla prohibir temporalmente determinadas compras de vivienda por parte de fondos considerados especulativos. Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros figura también una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.

El paquete incluye asimismo una protección específica frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando el demandante sea un fondo de carácter especulativo.

Rodríguez defendió que estas medidas deben combinarse con incentivos destinados a dirigir la inversión hacia vivienda asequible y mencionó, entre ellos, la rebaja fiscal prevista para la construcción de vivienda protegida hasta el 4%