Así lo afirmó Rodríguez durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta de ERC sobre las viviendas procedentes de la Sareb en Cataluña y la política de vivienda del Ejecutivo.

La ministra cargó contra los diputados del PP por el “odio, el grito y los insultos” y sostuvo que deberían estar atendiendo “el dolor de una mujer de 87 años que va a ser desahuciada”. Según Rodríguez, esta situación se produce por “no querer votar aquí a favor de prohibir los desahucios” y por la política de vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Rodríguez aseguró que el Gobierno continúa trabajando para tratar de evitar el desalojo y recordó el apoyo del Ministerio al requerimiento de Naciones Unidas, así como los contactos mantenidos con los abogados de Mari Carmen y los movimientos sociales.

En este contexto, volvió a reclamar a los grupos parlamentarios que han respaldado al Gobierno en otras ocasiones que apoyen el real decreto-ley que el Ejecutivo les trasladó hace varias semanas para ofrecer una solución a este tipo de desahucios. “De los odiadores y de los insultadores no espero nada, pero del resto del Parlamento espero que se apoye el real decreto-ley”, afirmó.

VIVIENDA EN CATALUÑA

En respuesta a ERC, Rodríguez llamó a las fuerzas de izquierda a unirse “en la defensa del derecho a la vivienda y en la lucha contra la especulación” y destacó la colaboración mantenida con la Generalitat de Cataluña, tanto durante la etapa de ERC al frente del Govern como actualmente con el presidente Salvador Illa.

La ministra aseguró que en Cataluña se está poniendo “pie en pared” frente a un mercado que calificó de “salvaje” y defendió la transformación de los activos procedentes de la Sareb para destinarlos a políticas públicas de vivienda.

En este sentido, reivindicó que Casa 47 “no es la Sareb” ni “el banco malo que desahuciaba a la gente para salvar a los bancos” y reconoció que el proceso podría avanzar más rápido.

Rodríguez cifró en alrededor de 300 las viviendas que estarán operativas en Cataluña un año después de iniciar el proceso y explicó que previamente ha sido necesario adquirirlas y rehabilitarlas para ponerlas a disposición de los usuarios.

Finalmente, la ministra contrapuso este procedimiento con la gestión de la Comunidad de Madrid y afirmó que su departamento debe cumplir la legislación sobre contratación pública. “En mi Administración no podemos trabajar como lo hace la señora Ayuso, comprando pisos a dedo”, concluyó.