Así lo indicó a preguntas de los medios de comunicación antes de la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas para acordar el reparto de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda (2026-2030).

El plan contempla requerir a las comunidades autónomas “la remisión al Ministerio de la información de los contratos de arrendamientos en el registro de fianzas de la comunidad”, lo que facilitará “información en tiempo real sobre el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación de personas inquilinas, y el incremento de la oferta de forma trazable y real”.

En esta línea, la ministra Rodríguez quiso dejar claro que, aunque la competencia sea de las comunidades autónomas, de lo que se trata es de “aunar todos esos datos” para que “sirvan al interés general de nuestro país”. “Está previsto de esa manera para que la competencia no sea la excusa de poder tener buenos datos públicos”.

Así, quiso resaltar la utilidad de esos registros de fianza señalando que “dan seguridad a propietarios e inquilinos” porque es “la manera de formalizar un contrato” y aportan datos como la renta, la garantía de estas rentas o las cláusulas del contrato “para que no sean abusivas”.

“Por tanto, aportan datos a las administraciones públicas que después también nos permiten tomar mejores decisiones”, indicó.