Romero señaló que a los magistrados, como a cualquier otro ciudadano, no se les puede proibir que pidan una excedencia para participar en la vida pública, ya que se les colocaría en desigualdad de condiciones con otros ciudadanos que dejan su profesión u oficios para representar a la gente.

"La vida pública no es vitalicia", aseguró, por lo que "un juez no tiene por qué estar impedido, después de un paréntesis en su vida como político, para volver a participar en el campo político".

En su opinión, lo que podría someterse a debate es el tiempo para la reincorporación a la magistraturay las condiciones para volver a ejercerla, pero en ningún caso prohibirla "taxativamente", una propuesta que calificó de "barbaridad".

Romero manifestó que el caso de Baltasar Garzón pone de manifiesto precisamente que un juez no tiene por qué quedar mediatizado en su independencia como consecuencia de su paso por la política, ya que el magistrado de la Audiencia Nacional "luchó por el esclarecimiento del 'caso GAL' de igual manera antes de su intervención en la política como ahora".