Lo dijo en el marco del debate de esta iniciativa con la que el PSOE busca un pronunciamiento del Congreso en defensa del derecho a la libertad de información, de expresión y de opinión, y del desarrollo de un trabajo profesional periodístico libre y sin censura, así como de los medios públicos de comunicación como pilar fundamental de la democracia.

Rufián sostuvo que “no debería ser” una proposición no de ley y defendió que el acoso contra periodistas y dirigentes políticos responde a “un sistema orquestado y financiado por partidos" cuya consecuencia es que “cada día se insulta, menosprecia y persigue hasta la puerta de su casa" a periodistas como Sarah Santaolalla. En este contexto insistió en que debe haber “multas y cárcel a gente que haga esto”.

El diputado de ERC afirmó además que ese sistema de acoso busca disciplinar especialmente a mujeres de la izquierda y del feminismo y relató que él mismo ha sufrido insultos, amenazas y agresiones. “A mí me han pegado por Madrid”, dijo, al tiempo que señaló que, a diferencia de muchas dirigentes políticas, “a mí como hombre no me han cuestionado que estoy aquí por un favor sexual”.

El diputado del PSOE Antidio Fagúndez subrayó que el contenido de sui iniciativa "es algo que en democracia no tendría que defenderse” pero hay profesionales de la información que han sido víctimas de amenazas y citó casos como los de Héctor de Miguel, Laura Arroyo y la propia Sarah Santaolalla. Según señaló, el objetivo de estos ataques es “acabar con la confianza ciudadana” y expulsar de la vida pública a periodistas que no comparten determinadas posiciones políticas.

Desde el PP, Aurora Nacarino-Brabo criticó la propuesta al considerar que el Gobierno pretende decidir “cuál es el odio bueno y cuál el malo”. A su juicio, “hablar mal del Gobierno es la condición de la posibilidad de la democracia” y acusó al Ejecutivo de señalar a medios críticos y de “usar la televisión pública como arma política”.

El diputado de Vox Manuel Mariscal denunció lo que consideró “una nueva iniciativa trampa” para que quienes voten en contra "parezcan estar en contra de la libertad de expresión y de los españoles". También sostuvo que el PSOE busca “proteger a un grupo muy reducido" de informadores que le resulta "útil para mantenerse en el poder”.

Desde Sumar, Teslem Andala defendió que el problema no es la libertad de expresión, sino la confusión entre esta y el discurso de odio. En su intervención denunció que existen redes organizadas que difunden amenazas y desinformación y afirmó que “ganan dinero con el odio y la difamación y no pasa absolutamente nada”.

Por parte de Junts, Pilar Calvo cuestionó el planteamiento de la iniciativa y advirtió de que el Gobierno impulsa normas que, a su juicio, pueden afectar a derechos fundamentales. Aunque señaló que “no discutimos que haya que defender a los profesionales cuando son víctimas de campaña y asedio en redes”, añadió que esa protección debe extenderse también “a cualquier ciudadano que sufra odio solo por ser catalán”. Asimismo, defendió los medios públicos pero advirtió de que utilizarlos “en su favor también va en contra de la libertad de expresión”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, denunció ataques contra periodistas y dirigentes feministas y afirmó que existe un patrón dirigido contra mujeres de izquierdas. Por su parte, la diputada de Compromis Águeda Micó acusó a la derecha de señalar a periodistas mientras “ríen las gracias a matones”.

El diputado del BNG Néstor Rego pidió combatir las ‘fake news’ y alertó de que la derecha “normaliza la mentira como arma política”, mientras que el portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, subrayó que la violencia contra la prensa es “incompatible con la democracia”. Finalmente, por parte de EH Bildu, Mertxe Aizpurua afirmó que el odio ha existido siempre pero advirtió de que las redes sociales se han convertido en “el coliseo romano donde se libra esta batalla”.