Con este razonamiento, el Alto Tribunal niega la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contecioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con uno de los recursos planteados por José María Ruiz Mateos.

En este recurso, se afirmaba que la Administración conculcó la Constitución al no permitir el ejercicio del derecho de reversión solicitado por el industrial jerezano respeto a la empresa "Vinícola de Castilla", perteneciente a Rumasa.

Ruiz Mateos intentó ejercer el derecho de reversión sobre esta empresa como consecuencia de la decisión del Gobierno de procder a su venta, amparándose en un supuesto incumplimiento de los fines de interés público que justificaron la expropiación.

Para el Alto Tribunal, la denegación del derecho de reversión reclamado por Ruiz Mateos no es inconstitucional ya que no existe "una regla legal que lo imponga para todos los tipos y casos de expropiación".

El TC, tras afirmar que no procede plantear la cuestión de inconstitucionalidad, reitera que la expropiación ni constituyó una sanción, puesto que fue adoptada en aras de interés público, ni vulneró la presunción de inocencia.

A su juicio, la ley de expropiación fue plenamente constitucional, al ser una "medida indispensable para evitar graves riesgos a los intereses de depositarios, trabajadores, terceros y de la propia economía nacional".