En declaraciones a Servimedia, Rumí manifestó que "es muy positivo que el PP haya dejado de pisar el acelerador hacia un camino que sólo podía llevar a la crispación".

Aseguró que esa renuncia al hostigamiento puede dar pie a que el PP abra conversaciones con el Ejecutivo si así lo desea y abandone la "autoexclusión" por la que ha optado con su rechazo al Reglamento de la Ley de Extranjería, que le ha situado junto a "los movimientos radicales que piden papeles para todos".

En cuanto al proceso de normalización de irregulares, Rumí consideró que transcurre "razonablemente bien" y anunció que hasta anoche se habían presentado 138.000 solicitudes, con una media diaria cercana a las 11.000.

Rumí se mostró esperanzada que en los próximos días comiencen a aumentar las solicitudes de regularización de inmigrantes en el sector agrario, ya que hasta ahora los expedientes destacan más en sectores como el hogar, la construcción, la hostelería y los servicios.

También aclaró que el Gobierno analiza cada día este proceso e indicó que si se considera preciso, el Gobierno abrirá más oficinas y ampliará el tiempo apertura de las mismas. Además, comentó que se está estudiando que en la Comunidad de Madrid sea compatible la cita previa y acudir a las oficinas de la Seguridad Social a entregar la documentación.

Asimismo, la secretaria de Estado recordó que a partir del 7 de mayo la Inspección de Trabajo comenzará 500.000 acciones sobre empresarios y empleadores para continuar aflorando economía sumergida. "La Inspección va a ser inflexible", sentenció.

ACCIDENTE

Respecto al accidente del camionero rumano que costó el martes la vida a cinco guardias civiles, la secretaria de Estado afirmó que el suceso ha puesto de manifiesto la necesidad de las medidas que ha impulsado el Ejecutivo para combatir la economía sumergida y el empleo ilegal, de modo que se impida la vulneración de derechos o la exigencia de jornadas laborales "inhumanas" a trabajadores en situación irregular.

Por otro lado, reconoció las dificultades que tiene el Ejecutivo en firmar acuerdos de repatriación con países subsaharianos de los que proceden los inmigrantes irregulares, y destacó que están avanzadas las conversaciones con los gobiernos de Ghana y Mali para la firma de este tipo de convenios.

Finalmente, Rumí confirmó que la repatriación de un inmigrante chino irregular asciende a unos 3.000 euros y que el Ministerio del Interior cuenta con una partida presupuestaria muy importante para esta cuestión en 2005. Recordó que el pasado año se repatriaron más de 130.000 inmigrantes por distintos procesos.