Así lo explicaron el responsable de análisis de ratings soberanos de la agencia, Marko Mrsnik, y el analista responsable de finanzas públicas, Alejandro Rodríguez, en una rueda de prensa.

Rodríguez explicó que la reforma del sistema de financiación supone más transferencias del Estado a las comunidades autónomas y más participación en los impuestos, lo que “cambia los niveles relativos de financiación”. Según los datos del Ministerio a los que aludió, señaló que la diferencia entre la comunidad mejor financiada y la peor es de 2.500 euros per cápita y esa diferencia bajaría hasta alrededor de 700 euros.

“El sistema está diseñado ya de por sí con la vocación de reducir las diferencias en la financiación relativa entre comunidades autónomas y con los datos encima de la mesa parece que esto en general ocurre”, afirmó el analista de la parte de finanzas públicas. El “riesgo” reside en asignar una mayor cantidad de recursos a más actores, lo que implica “más exposición a las decisiones de gasto que tome cada una de ellas”, de manera que, si alguna comunidad decide “disparar más el gasto”, eso redundará “en el conjunto”, agregó. No obstante, si el Gobierno central decide gastárselo en lugar de asignarlo a las comunidades, “el impacto es el mismo”.

El impacto real dependerá de cómo se gaste, según explicó, de manera que si los nuevos recursos se destinan a cubrir déficits, “la situación mejoraría mucho”, mientras que si se destina a gasto, “la mejora sería menos acusada”.

Alejandro Rodríguez también señaló que una mayor participación de las comunidades en los impuestos, como IVA e IRPF, las expone más al ciclo económico y si se produce una bajada del ritmo de crecimiento y menos recaudación, “se verían afectadas”. También, con mayor opcionalidad para las comunidades se pueden producir divergencias, según diagnosticó. Igualmente, la propuesta implica una presupuestación más compleja y “va a generar mucha oposición política”.

Del otro lado, Rodríguez apuntó que los recursos “no salen de la nada”, sino que “se detraen del Estado” y “eso significa que el Estado de alguna forma pierde un poco de margen de actuación” en un momento de apelación a gastar más en defensa.

En cuanto a la condonación de deuda, desde S&P reiteraron que esta propuesta por sí sola no resuelve los problemas estructurales de las comunidades porque después de la quita seguiría habiendo comunidades endeudadas.

Con el nuevo sistema de financiación, Marko Mrsnik apuntó que actualmente no ven razones para un aumento de las emisiones de deuda, aunque puntualizó que la reforma legislativa está lejos de materializarse.

IMPORTANTES OBSTÁCULOS

S&P también publicó este martes un documento sobre la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que “no solo tendría como objetivo aumentar los recursos, sino también reducir las diferencias relativas en la financiación per cápita entre las regiones, alineándolas más estrechamente con su respectiva capacidad fiscal”.

Al margen del contenido de la propuesta de Hacienda, S&P incidió en que la reforma se enfrenta a “importantes obstáculos” debido al “fragmentado escenario político” en España. Una situación que tampoco ha permitido aprobar Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023, como apuntó la agencia de calificación.

La reforma del sistema de financiación autonómica deberá tramitarse como Ley Orgánica, lo que requiere mayoría absoluta, con 176 votos de los 350 escaños que componen el Congreso.

“Esto implica que el Gobierno, liderado por el PSOE, necesita apoyos de varios partidos regionales para aprobarla”, avisó S&P en su documento.

La agencia de calificación puso el foco en los partidos catalanes. El Gobierno cuenta con el respaldo de ERC, con quien ha negociado este modelo, pero no con el de Junts, que ya ha expresado su oposición al nuevo modelo al considerar que no avanza en la autonomía fiscal de Cataluña.

“Sin el apoyo suficiente de varios partidos, la reforma no se aprobará el en el Parlamento”, concluyó S&P.

Además, también analizó la acogida de la reforma por regiones, que pueden oponerse basadas en una “percepción de injusticia” de trato, si bien “ninguna de ellas perdería recursos con la reforma”, como dijo S&P conforme a la propuesta conocida hasta el momento.

Tampoco pasó por alto que el panorama se complica todavía más ante las elecciones de Castilla y León, Aragón y Andalucía este año.

Ante las dificultades que se vaticinan para sacar adelante la reforma, S&P optó por no reflejar su posible impacto presupuestario en sus previsiones para este año.

S&P se pronunció en el mismo sentido en lo que respecta a la condonación de la deuda autonómica, cuyo proyecto de ley “aún no se ha presentado al Congreso y se enfrenta a una incertidumbre similar en cuanto a su aprobación parlamentaria”.