Así lo dijo durante su intervención en el curso ‘Políticas migratorias y marcos jurídicos: igualdad de acceso a los derechos’, de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, donde aseguró que la inmigración constituye un elemento “clave” para sostener el Estado del bienestar y el crecimiento económico de España, y reclamó combatir los bulos y prejuicios que, a su juicio, distorsionan el debate público sobre este fenómeno.

En respuesta a las críticas de la oposición, la ministra afirmó que las personas incluidas en el proceso extraordinario de regularización ya residían y trabajaban en España antes de iniciarse el procedimiento y negó que la medida haya provocado un efecto llamada. Según explicó, los solicitantes acreditaban al menos cinco meses de residencia en el país durante 2025 antes de poder acogerse al proceso.

La ministra sostuvo que la regularidad administrativa resulta imprescindible para favorecer la integración, reducir la economía sumergida y prevenir situaciones de abuso laboral, y defendió que las regularizaciones desarrollas en España han mejorado la integración laboral, incrementado la recaudación fiscal y reducido la informalidad.

PLAN DE INTEGRACIÓN Y CIUDADANÍA

Asimismo, defendió el Plan de Integración y Ciudadanía, estructurado en cuatro ejes: orden y regularidad, trabajo digno, convivencia y cohesión social y acceso efectivo a los servicios públicos; que contempla 16 medidas destinadas a facilitar la integración de las personas migrantes.

Entre las actuaciones previstas destacó el impulso a la integración laboral mediante la homologación de títulos, la formación profesional en sectores con escasez de mano de obra y el aprendizaje del idioma, así como iniciativas para combatir los discursos de odio en los entornos digitales y reforzar la igualdad de acceso a los servicios públicos.

Asimismo, dijo que la política migratoria del Gobierno abarca todas las fases del proceso migratorio, desde la cooperación con los países de origen y tránsito y la gestión de fronteras hasta la apertura de vías legales, la regularización de quienes trabajan y residen en España y las políticas de inclusión.

Durante su intervención, insistió en que la inmigración ha contribuido de forma decisiva al crecimiento económico y al mercado laboral español. En este sentido, señaló que las personas extranjeras representan el 15,4% de los afiliados a la Seguridad Social y aseguró que numerosos sectores como la hostelería, la construcción y la agricultura dependen de su aportación. También afirmó que España ha generado el 54,4% del empleo creado en la Unión Europea, en el primer trimestre de 2026 y que diversos estudios estiman que alrededor del 80% del PIB es atribuido a la inmigración.

La ministra concluyó que el debate no debe centrarse en elegir inmigración sí o no, sino entre una inmigración “desorganizada” u otra “ordenada y regularizada” , y defendió que España dispone de las herramientas necesarias para gestionar este fenómeno desde una perspectiva humanitaria y de respeto a los derechos humanos.