Asens presentó el pasado 27 de noviembre una querella en el Tribunal Supremo contra Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

La acción judicial se apoyaba en los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre, cuando el magistrado Martínez Arrieta, en pleno periodo de deliberaciones sobre la sentencia al fiscal general del Estado, intervino como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Durante esa jornada, Arrieta dijo: "Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado". Según el querellante, esta frase se pronunció en “tono jocoso” y cosechó las “risas del público". Cree también que fue una “revelación explícita de información reservada" dado que desveló "el estado interno de las deliberaciones, el cambio de ponente respecto a la magistrada inicialmente designada, la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo".

La querella sostenía que estos datos "están protegidos por el secreto de deliberación, recogido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y su vulneración afecta al derecho fundamental en un juicio imparcial".