El abogado de Torán había recurrido la orden de detención de su defendido, que había acudido a la Audiencia en libertad provisional, así como la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (vistilla de medidas cautelares) que el juez convocó el 9 de febrero, esto es, el lunes posterior a su arresto, que fue el viernes 6.

En su resolución, la Sala señala que no cabe decretar ni la nulidad del auto que acordaba la detención ni de la convocatoria de la comparecencia del artículo 505, “al no concurrir causa alguna de nulidad y menos aún causante de una real y efectiva indefensión, por no existir vulneración alguna de los derechos de defensa ni de la libertad personal”.

Tras repasar la cronología de los hechos, tampoco considera el Tribunal que se hubiera superado el plazo máximo de detención de 72 horas que establece la ley, por cuanto la detención se produjo a las 11.15 horas del día 6 de febrero y la comparecencia del investigado se celebró a las 10.20 horas del 9 de febrero.

Además, la Sección Tercera de la Sala Penal considera que la defensa de Torán pudo tener conocimiento de las actuaciones esenciales, puesto que el mismo viernes 6 de febrero el juez instructor levantó el secreto y optó por celebrar la comparecencia del artículo 505 el lunes siguiente, “a fin de que aquella tomase cumplido conocimiento de las actuaciones que hasta entonces se encontraban secretas, todo ello accediendo así a la petición” de la defensa.

Ignacio Torán se encuentra procesado por colaborar supuestamente con el exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil para introducir en España cocaína en contenedores desde 2020, al menos, en una cantidad estimada de unas 73 toneladas de cocaína.