La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado instructor de fijar una fianza de responsabilidad civil de 75.000 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que se le puedan imponer en el juicio por revelación de secretos que se celebrará contra él a partir del próximo 3 de noviembre.