La acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en la causa contra el fiscal general pidió en julio la suspensión provisional de García Ortiz como fiscal general del Estado "una vez se dicte auto de apertura de juicio oral", lo que sucedió después de que la Sala de Apelación confirmase su procesamiento.

La asociación sostiene que "la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso", en tanto que si García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral "él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes".

La Sala asegura que la denegación está “sustentada en contundentes argumentos jurídicos” y seña que la medida cautelar de suspensión de funciones constituye “una potestad de naturaleza administrativa, reservada a los órganos directivos del Ministerio Fiscal, en aplicación del régimen jurídico de sus miembros en servicio activo”.

La intervención del órgano jurisdiccional penal en este ámbito administrativo, añade, “carece de cobertura jurídica y comportaría, una inaceptable invasión del ámbito competencial de un órgano constitucional autónomo”.

Además, “la medida solicitada no satisface finalidad alguna instrumental respecto del proceso penal, esto es, asegurar el resultado del juicio o la ejecución de la eventual sentencia condenatoria”, e insiste en que “aun cuando fuere posible, carecería la medida de soporte en elementos objetivos que justifiquen la adopción de una medida tan gravosa y excepcional como la suspensión provisional de funciones de quien ostenta la jefatura del Ministerio Fiscal”.