El careo se acordó el pasado 16 de diciembre a petición de la acusación ejercida por Acció Cultural del País Valencià, que en su escrito sostenía que en la declaración como testigo de Cuenca se pudo constatar “la existencia de graves inexactitudes” que contradicen “las tajantes manifestaciones” realizadas públicamente por Pradas.

La petición consideraba “especialmente relevante” la discrepancia sobre si el ex alto cargo comunicó a la entonces consejera que “no debía molestar al presidente” y que toda la información debía canalizarse a través de él, una afirmación que el propio testigo negó ante la jueza instructora.

El auto de la jueza señala que el objetivo de ese careo es “dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación”.

Cuenca afronta esta nueva cita judicial después de que la Abogacía de la Generalitat confirmara a la instructora que sí avaló jurídicamente un confinamiento el día de la dana, lo que contradice la declaración como testigo del entonces jefe de gabinete de Carlos Mazón.

Según un informe remitido por este órgano a la jueza de Catarroja el pasado jueves, el abogado de la Generalitat contestó a un alto cargo de la Conselleria de Interior y Justicia que había fundamento jurídico para confinar a la población. Este informe pone contra la pared a Cuenca, quien declaró que pidió a Pradas que no ordenara un confinamiento por las dudas jurídicas que le trasladó Abogacía.

Tras recibir este informe, la jueza decidió citar a declarar a tres testigos para aclarar esa contradicción. Se trata del abogado coordinador de la Abogacía en la Conselleria de Justicia e Interior, el abogado general de la Generalitat y a quienes hablaron con ellos el día de la dana: el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior y el secretario autonómico de Presidencia en esos momentos.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana indica en su informe que el día de la dana ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia formuló consulta escrita alguna, aunque sí recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo.

En concreto, el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García, uno de los citados a testificar, llamó al abogado coordinador de la abogacía en esa Conselleria y le preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse. Pradas era la persona que estaba al frente de la Conselleria.

El careo se produce pocos días después de la declaración como testigo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la instructora de la dana, a la que reconoció que su afirmación de que Mazón le tuvo informado “en tiempo real” de lo que estaba sucediendo no se ajusta a la realidad.