La entidad lanzó esta reivindicación coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, que se celebrará mañana, en el marco de la campaña ‘#DerechoANuestrosDerechos’, apoyada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El Protocolo permanece “bloqueado desde 2022 gracias a la presión de organizaciones sociales”, pero la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) prevé “retomar su votación en enero de 2026”, lo que ha intensificado la movilización del movimiento asociativo. Durante este año, la Confederación ha remitido cartas a miembros de la PACE solicitando que emitan “un dictamen negativo”.

La campaña denuncia “las medidas coercitivas que se producen a diario en el sistema sanitario” y defiende un modelo de atención a la salud mental “basado en los derechos humanos, libre de prácticas que vulneran la dignidad de las personas”. Para acompañar esta iniciativa, referentes del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y de la Red Estatal de Mujeres han elaborado un posicionamiento que subraya que “el derecho natural a la inclusión sigue enfrentando miradas que juzgan, silencios que apartan y barreras que limitan”. Además, la Confederación ha difundido materiales didácticos que explican qué es el Convenio de Oviedo, qué plantea el Protocolo adicional y por qué su aprobación supondría un “retroceso”.

El presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, advirtió de que el texto “responde a un modelo anclado en el pasado, absolutamente biologicista y contrario a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento”. Añadió que el Protocolo “autoriza la privación de libertad basada en una presunción de riesgo, avala internamientos involuntarios, medicación forzosa y contenciones físicas y químicas, sin promover recursos alternativos que respeten la voluntad y las preferencias de las personas”.

González Zapico subrayó que estas medidas “no mejoran la protección de los derechos de las personas con discapacidad, sino que pueden generar el efecto contrario”, y recordó el principio que guía al movimiento asociativo: “Nada sobre nosotros y nosotras sin nosotros y nosotras”. La Confederación remite a sus informes de referencia, sobre ingresos involuntarios y sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, como evidencia del “impacto negativo de estas prácticas”.

La entidad reclamó suprimir “las prácticas institucionales que vulneran derechos humanos” y reforzar la atención comunitaria mediante más inversión en salud mental, más profesionales y una red cohesionada de recursos, elementos imprescindibles para “reducir el recurso a medidas de control”.