Así lo afirmó Sánchez en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, en el Palacio de La Moncloa, ante el rechazo de sus socios de Sumar al real decreto ley sobre vivienda anunciado unas horas antes.

Sánchez aseguró que "es un real decreto ley que vamos a aprobar en las próximas semanas y vamos a trabajarlo con todos los socios del Gobierno", señaló para recalcar que "evidentemente, lo vamos a trabajar también con el socio de nuestro Gobierno, el que pertenece también al Gobierno de coalición" en relación a Sumar.

El jefe del Ejecutivo anunció una bonificación del cien por cien del IPRF para los caseros que no suban la renta a los inquilinos a los que les toque renovar su contrato. De inmediato, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, denunció que se trata de "regalar dinero público a los rentistas" y, por tanto, es un "grave error". "En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo", advirtió Díaz en un mensaje en sus redes sociales. "La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal", añadió.

En la misma línea se pronunció el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al denunciar que la medida de Sánchez es "ineficaz", "injusta" y "no es adecuada" y reclamó al PSOE que "recapacite" y obligue a los propietarios a prorrogar los alquileres a su modo, a través de un real decreto y sin bonificaciones de ningún tipo. "La prórroga de los alquileres tiene que ser un derecho de las familias españolas. No puede ser una opción y, sobre todo, no puede ser un premio fiscal a los caseros en este país", señaló. Por eso anunció que Sumar no la apoyará.

"La prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros; tiene que ser un derecho de los inquilinos e inquilinas", escribió en sus redes sociales el ministro. Su departamento es responsable del borrador de real decreto ley que planteó hace meses al PSOE para prorrogar automáticamente los contratos, como se actuó durante la pandemia de la covid.

Ante estas declaraciones y preguntado por los periodistas, Sánchez se disculpó con el primer ministro griego por extenderse en su respuesta pero recalcó que "lo importante es que se actualizan 1,6 millones de contratos vinculados con el alquiler y que por tanto necesitamos crear herramientas y políticas que nos permitan contener esa revisión al alza, desmesurada en muchos casos, para que se pueda producir en esos contratos de alquiler".

Por ello, subrayó que seguirá trabajando la medida "en los próximos días", pese a que le consta que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que preside Isabel Rodríguez "está en ello desde hace ya algunas fechas".

Así, Sánchez consideró que "pese al debate que evidentemente un Gobierno de coalición puede tener y también con los grupos parlamentarios de un Gobierno con minoría parlamentaria, estoy convencido de que los grupos parlamentarios aprobarán una medida que creo que es buena para la gente y sobre todo que no enfrenta a propietarios y a inquilinos, sino que precisamente lo que hace es unirlos hacia un bien común que es la estabilidad y la prosperidad y la certidumbre, en este caso, de muchas familias, de muchos jóvenes que necesitan ver una cierta capacidad de respuesta con esos contratos de alquiler".

Sin embargo, el malestar también se trasladó a Podemos. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, criticó en sus redes sociales que la “solución” que plantea el Gobierno a la “brutal crisis de vivienda” consista en “más regalos fiscales a los ricos”. “En serio, basta ya. Esto es para que ardan las calles en movilización social", señaló.

“Estamos indignadas, pensamos que este Gobierno en materia y política de vivienda no tiene perdón y que las calles tienen que arder de movilización social hasta conseguir resolver la gravísima crisis de vivienda que estamos atravesando”, la secundó la eurodiputada y candidata de Podemos a las próximas generales, Irene Montero.